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Ecuador insta a Perú a revocar la concesión de refugio al presunto corrupto Carlos Pareja Cordero

QUITO. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador solicitó al Gobierno de Perú la revocación de la decisión de conceder refugio a los presuntos corruptos Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum. La justicia ecuatoriana ha instaurado formalmente contra ambos un proceso penal por lavados de activos y, por lo tanto, el refugio concedido “no cabe” y además contradice las convenciones internacionales sobre refugiados y contra la corrupción.

La cancillería entiende que estas dos personas han pretendido “sorprender” a las autoridades peruanas, en su “buena fe”, “aduciendo que son víctimas de persecución política”, una circunstancia que “ni ha sucedido ni podría suceder ya que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia que cumple fielmente en todo momento su deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos y libertades fundamentales”. Por ello, Ecuador confía en una respuesta peruana “a la altura de los ideals que inspiran lo lazos de amistad y cooperación que históricamente” han unido a las dos naciones.

La justicia imputa a estos dos individuos, en su condición de administradores de la empresa Projinvest Management, la administración de recursos producidos por actividad ilícitas, así como la realización de maniobras para ocultar el origen del dinero. Contra ellos existe un auto de llamamiento a juicio, con orden de prisión preventiva, por parte de la Unidad Judicial Multicompetente Penal Samborondón.

La cancillería, ante la decisión de la autoridades del país vecino, remitió una comunicación al Ejecutivo peruano en la que se le recuerda que el lavado de activos es un delito tipificado en los dos países, con una pena que si en Ecuador es de hasta 13 años de privación de libertad, en Perú sube hasta los 15 años, sin agravantes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana destaca, por lo tanto, que se trata de un “delito común grave, sin que ea posible encontrar ningún elemento que lleve a pensar que e trata de un delito político o conexo a un delito político”. En definitiva, “una conducta penal típica de corrupción” ante la que la justicia ecuatoriana y “ha actuado con estricto apego al derecho, ha llegado a cabo una investigación seria y exhaustiva”.

Ecuador, que se reserva el derecho a plantear acciones legales, recuerda en su comunicación a Perú que entre los dos países existe desde el 4 abril de 2001 un tratado de extradición que establece, entre otros aspecto, que procede la entrega de personas reclamada cuando se trate de delitos de corrupción referidos en las convenciones contra la corrupción interamericana y de las Naciones Unidas.

La cancillería ha solicitado, del mismo modo, que el Gobierno peruano proporcione información y argumentos jurídico que fundamentan la decisión de concesión de refugio a los dos presuntos corruptos. El ministerio confía en que estas dos personas comparezcan ante la justicia y “se evite la impunidad”. (Cancillería/LA NACIÓN)