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Ecuador ha fortalecido el marco legal y las políticas públicas para prevenir la desaparición forzada

Las observaciones finales sobre el informe que presenta el Estado ecuatoriano serán presentadas el próximo 17 de marzo.

QUITO.  Una delegación nacional de alto nivel encabezada por el viceministro de Seguridad, Andrés de la Vega, expuso en la sede de Ginebra en la ONU los esfuerzos de Ecuador para evitar las desapariciones forzadas.

 

La víspera y este jueves la comitiva explicó los avances en este campo al presentar su informe nacional y posteriormente respondió a preguntas por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus siglas en inglés) de la ONU.

La desaparición forzada de personas es una violación a los derechos humanos cometida por el Estado a través de sus agentes o grupos de personas que actúan con el asentimiento del Estado y constituye un crimen de lesa humanidad, cuando los hechos se producen de manera generalizada o sistemática.

El viceministro explicó ante las autoridades del CED que a partir de 2007 el Estado ecuatoriano conformó la Comisión de la Verdad, como un mecanismo para investigar, esclarecer e impedir la impunidad de graves violaciones a Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad, la cual presentó su informe ‘Sin Verdad no hay Justicia’ en 2010 y documentó  456 víctimas, de las cuales 17 corresponden a desapariciones forzadas.

Además, resaltó que la Constitución de la República, así como la normativa legal y reglamentaria, regula los preceptos contemplados en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas ya que el nuevo Estado ecuatoriano sitúa al ser humano como el epicentro.

“No solo hemos fortalecido nuestro marco legal, sino que hemos desarrollado políticas públicas para garantizar la prevención de las desapariciones forzadas. Queremos ratificar nuestra vocación para garantizar y proteger los Derechos Humanos y enfatizamos nuestro compromiso permanente para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de la convención y más tratados internacionales ratificados por el Ecuador. En este período de examinación no existen casos de desaparición forzada en nuestro país”, afirmó.

La delegación ecuatoriana está integrada por representantes de los ministerios Coordinador de Seguridad; de Justicia; Inclusión Económica y Social; Salud Pública; Educación; Interior; Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y por delegados de la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado.

En esta jornada, la subsecretaria de Organismos Internacionales Suprarregionales del Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Carola Íñiguez, se refirió al tema de los refugiados y expuso que en su país se registran más de 60.000 personas en esta condición, mayoritariamente colombianos. Dijo que reciben atención a través de la Dirección de Refugio y Apátrida, creada en la Cancillería.

Datos relevantes:

• Ecuador ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 23 de septiembre de 2010.

• El 5 de junio de 2015 presentó al Comité contra la Desaparición Forzada el primer informe.

• El CED trasladó al Ecuador una lista de preguntas en relación con el primer informe.

• En enero de 2017, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos trasladó las respuestas.

• Las observaciones finales sobre el informe que presenta el Estado ecuatoriano serán presentadas por el CDE el próximo 17 de marzo. (ANDES/LA NACIÓN)