Ecuador entra en una fase crítica de su programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI): recauda más, pero con menos espacio político para sostener ese esfuerzo. El análisis del exviceministro de Economía, docente universitario y consultor, Juan Carlos Alarcón, plantea una tensión de fondo: el país ha aprendido a estabilizarse, pero no a transformarse.

Las cifras lo muestran con claridad. Los ingresos públicos pasarán de 35,5% del PIB en 2025 a 37,3% en 2026, un salto relevante impulsado por reformas tributarias operativas y ajustes en el gasto. Sin embargo, ese avance tiene un límite político evidente.

Alarcón lo advierte con cautela. “Una mejora significativa, pero condicionada a la sostenibilidad política de la reforma tributaria en un contexto de ciclos electorales recurrentes y consecuencias distributivas controvertidas”, apuntó.

El problema no es solo recaudar más, sino sostener ese esfuerzo cuando el costo político aumenta. En un país con alta desconfianza hacia los ajustes, cada punto adicional de ingresos puede traducirse en mayor presión social y electoral.

Economía ecuatoriana: déficit fiscal y bajo crecimiento
Aunque el frente externo muestra señales positivas, como el regreso a los mercados internacionales con una emisión de $4.000 millones en 2026, la estructura fiscal sigue siendo vulnerable.

El dato más revelador es el déficit primario no petrolero, que alcanzó -5,1% del PIB en 2025 y se proyecta en -3,3% en 2026. Es decir, sin el petróleo, las cuentas siguen en rojo.

Alarcón lo define sin rodeos: “Es, quizás, el indicador más honesto sobre la condición estructural real del fisco ecuatoriano”.

A esto se suma una economía que crece apenas 2,5% anual, con una Inversión Extranjera Directa (ISD) de solo 0,5% del PIB, niveles que reflejan una transformación productiva aún incipiente.
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Tres futuros posibles para la economía ecuatoriana luego de terminar el acuerdo con el FMI
Más allá de las cifras actuales, el análisis plantea una pregunta clave: ¿qué pasará cuando termine el programa con el FMI en 2028? La respuesta abre tres rutas con implicaciones económicas y políticas muy distintas para el país.

Alarcón dibuja tres escenarios posibles para Ecuador:

1. Escenario optimista: el despegue pendiente. En este escenario, Ecuador logra algo que no ha conseguido en la última década: convertir la estabilidad en crecimiento sostenido. Esto implicaría consolidar reglas fiscales creíbles, fortalecer la institucionalidad y, sobre todo, atraer inversión privada en sectores como minería, hidrocarburos y energía.

La implicación es profunda: el país reduciría su dependencia del petróleo y del propio FMI, generando un círculo virtuoso donde el crecimiento alimenta la sostenibilidad fiscal. También permitiría mejorar empleo e ingresos sin necesidad de ajustes constantes.

Pero no es automático. Requiere continuidad política, seguridad jurídica y reformas que sobrevivan a los ciclos electorales.

2. Escenario base: estabilidad frágil y dependencia prolongada. Este es el escenario más probable según la evidencia histórica. Ecuador cumple con el programa, mantiene acceso a financiamiento externo y evita crisis inmediatas, pero no logra corregir sus debilidades estructurales.

El resultado es una economía que “se mantiene a flote”: crece poco, depende del petróleo y conserva déficits estructurales. Con el tiempo, esa fragilidad reaparece y el país se ve obligado a buscar un nuevo acuerdo con el FMI.

La implicación clave aquí es la continuidad del ciclo: ajustes, alivio temporal, y regreso a la dependencia. No hay colapso, pero tampoco transformación.

3. Escenario adverso: shock y regreso a la crisis. El tercer escenario contempla riesgos que no dependen completamente del país: caída del precio del petróleo, inestabilidad política o incluso desastres naturales, a los que Ecuador es especialmente vulnerable.

En este caso, el ajuste fiscal se vuelve insuficiente, caen las reservas y se pierde acceso a mercados. El país se vería forzado a una renegociación urgente de deudas con el FMI y otros acreedores en condiciones más difíciles.

Las implicaciones son inmediatas: recortes más agresivos, mayor presión social y un deterioro de la confianza económica. Es el escenario donde la fragilidad estructural se convierte en crisis abierta.

¿Podrá Ecuador mantener la disciplina fiscal y transformar su economía sin el FMI?
El programa con el FMI ha logrado resultados concretos: reducción del riesgo país, acumulación de reservas y retorno a los mercados. Pero ese avance depende, en gran medida, de mantener la credibilidad del ajuste.

Y ahí aparece el verdadero desafío. “Un Ecuador post-programa enfrentará la prueba de fuego de si sus instituciones pueden sostener la disciplina fiscal de manera autónoma”, advirtió Alarcón.

Tras casi una década de relaciones con el FMI, Ecuador enfrenta una paradoja estructural: los programas funcionan para estabilizar, pero no necesariamente para transformar.

Alarcón lo sintetiza así. “El programa ha estabilizado con éxito; pero aún no ha transformado”, aseveró. (JS)

FMI más flexible, pero sin reformas de fondo no hay sostenibilidad
Mauricio Pozo, exministro de Economía, advierte que el programa con el FMI muestra un giro frente al pasado. Hoy hay “una posición absolutamente flexible y de respaldo al Ecuador”, que ha permitido mantener desembolsos incluso con un déficit fiscal elevado y metas incumplidas. Sin embargo, esa flexibilidad no resuelve el problema estructural. El exministro señala que el ajuste pendiente sigue en el “libreto” del acuerdo y pasa, inevitablemente, por una nueva reforma tributaria, enfocada más en ampliar la base, eliminando exenciones, que en subir tasas.

Aun así, el mayor desafío no está en los ingresos, sino en el gasto. Pozo insiste en que el país no ha ejecutado la reforma del Estado necesaria. El tamaño y la rigidez del sector público, la falta de recorte de nómina y subsidios ineficientes, y la ausencia de cambios en seguridad social mantienen unas finanzas públicas frágiles. “Se financia el problema, pero no se lo resuelve”, resume, al advertir que sin atacar esa “obesidad estatal”, la sostenibilidad fiscal seguirá en duda.

 

 

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