Opinión

Dos mujeres rumbo a la presidencia de México

(CNN Español) — Por primera vez, el año próximo México tendrá una presidenta. Aunque posiblemente se presentarán algunas candidaturas testimoniales, ya es un hecho que la primera magistratura se disputará entre dos candidatas: Xóchitl Gálvez, por parte de los partidos PAN, PRD y PRI, de la coalición Frente Amplio, y Claudia Sheinbaum por el partido de gobierno, Morena. Se trata de un acontecimiento histórico para México, aunque no en América Latina.

En 1990 Nicaragua eligió a Violeta Chamorro como presidenta. A partir de entonces, de una manera u otra, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá y Perú han sido gobernados por una mujer. En México, una mujer contendió por la presidencia en 2012 por un partido en ese momento mayoritario, pero perdió por un amplio margen. De suerte que, en este ámbito, como en tantos otros, México se empareja con el resto de América Latina, aunque con retraso. Parece ser el destino del país.

La mayoría de las encuestas sobre intención de voto le otorgan una ventaja de entre 10 y 20 puntos porcentuales a la candidata del partido de Andrés Manuel López Obrador sobre la de la oposición. En parte, esta diferencia se debe a los distintos niveles de conocimiento que se posee de ambas aspirantes. Sheinbaum alcanza casi 80% de reconocimiento, a raíz de sus cinco años y medio como jefa de Gobierno de la capital del país, y del enorme esfuerzo de difusión que ha realizado el gobierno federal a su favor desde 2018. Gálvez, con dificultades, rebasa la mitad de ese porcentaje, y concentra una buena parte de las personas que saben de ella entre los sectores medios del país, con índices menores entre los segmentos de escasos recursos. Pero conviene señalar que este contraste implica que Xóchitl tiene un amplio espacio para crecer, mientras que Sheinbaum ya prácticamente ha llegado a su techo de conocimiento.

A pesar del avance que representa para México la perspectiva de una mujer presidenta en 2024, hay dos grandes motivos de preocupación a propósito de la elección del año entrante. El primero es que muchos opinamos que la contienda no se producirá entre dos candidatas en pie de igualdad, en una relación simétrica, sino entre una contendiente de oposición y todo el Estado mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De la misma manera que la campaña de Sheinbaum dentro de Morena dispuso de enormes recursos estatales, de acuerdo con lo que dijo, aunque sin presentar pruebas, su rival y excanciller de López Obrador, Marcelo Ebrard, es de suponerse que AMLO hará lo mismo en la elección constitucional. Utilizará indebidamente su llamada “mañanera” para golpear a Gálvez. Como lo ha señalado el Instituto Nacional Electoral (INE), recurrirá a información confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera para golpear a la candidata opositora, como ya lo ha hecho, y convencerá a los medios afines al Gobierno para publicar denuncias cada vez más absurdas contra ella. Varios analistas temen que los comicios de 2024 no serán una elección democrática, sino una elección de Estado.

Ello no implica que la victoria opositora resulte imposible. En el año 2000, cuando por primera vez en la historia el candidato del PRI fue derrotado por un aspirante opositor, la elección también fue de Estado. Pero los esfuerzos de la maquinaria estatal, mediática y publicitaria fueron en vano: Vicente Fox venció a Francisco Labastida, a pesar de todo. No obstante, no me sorprendería que López Obrador viole la normatividad electoral mucho más que su predecesor en aquel año, además de que dicha normatividad es mucho más estricta ahora que entonces.

La segunda preocupación involucra el resultado y la actitud de López Obrador frente a la posibilidad de una derrota de su candidata. El actual presidente nunca ha aceptado un revés electoral propio: ni en el estado de Tabasco en 1988 o 1994, ni a nivel presidencial en 2006 o 2012. Existen razones para sospechar que no admitiría que Claudia Sheinbaum perdiera, en vista de sus repetidas declaraciones de que “la oposición está moralmente derrotada” o que “la Cuarta Transformación seguirá adelante”. Sus constantes ataques al Poder Judicial -el último consiste en no invitar a los ministros de la Suprema Corte a la celebración del Grito de Independencia- y a las autoridades electorales -ahora sus partidarios en el Congreso buscan reducir los fondos al INE para organizar la elección de 2024- obligan a contemplar la idea de que rechazaría un resultado adverso. Conviene, desde luego, recordar que en dos democracias mucho más antiguas y robustas -Estados Unidos y Brasil- sucedió exactamente eso en 2020-2021 y en 2022-2023. Nadie está a salvo.

La posible renuencia de López Obrador de resignarse a un resultado contrario a su sucesora designada no implica que pueda tener éxito en el posible intento de impedir el triunfo de su adversaria. Ni Trump ni Bolsonaro lo lograron. En México el INE declara al ganador y el Tribunal Electoral revisa y certifica el resultado. Aunque el INE ha sido atacado y debilitado por el Gobierno actual, mantiene cierta independencia. El Tribunal ha fallado en varios casos contra el presidente. Pero a menos de que suceda algo imprevisto, López Obrador dejará la presidencia con su gran popularidad intacta, y con una fuerza popular que ningún mandatario saliente ha poseído desde Lázaro Cárdenas en 1940. Contra eso tendrían que bregar las autoridades electorales.

Las sucesiones electorales siempre le han costado trabajo a México. Los mexicanos no sabemos bien cómo manejarlas. En democracia, solo las hemos resuelto con éxito a partir del año 2000. Es poco tiempo, para poco aprendizaje. El 2024 pondrá a prueba lo que hemos aprendido. Esperemos que alcance.

 

 

 

 (cnn.com)