Opinión

¿Hasta dónde llegó Odebrecht?

Diario El Espectador de Colombia

Llegó al Congreso la investigación de la Fiscalía por los sobornos de Odebrecht, la multinacional brasileña, para obtener concesiones en Colombia. El inicio formal de procesos contra cuatro parlamentarios y un exsenador es la confirmación de lo que muchos colombianos sospechaban y temían: los tentáculos de la corrupción llegan hasta las esferas más altas del poder regional y nacional. Aunque los avances del ente investigador son de celebrar, queda todavía la duda sobre si las responsabilidades se detendrán en este nivel. ¿Acaso la presunta financiación que recibieron estos políticos para ejercer presión no debería, por motivos lógicos, llegar también a las personas que fueron influenciadas por ellos? ¿Y quién asume la responsabilidad política de haberse asociado con estos barones electorales, muy buscados en épocas de elecciones?

Gracias a siete meses de investigaciones propias, la Fiscalía pudo aportar nueva información sobre la intervención de Odebrecht en Colombia. En un principio, el dato que se utilizó fue el de la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde se decía que la multinacional había pagado US$11 millones en sobornos a funcionarios colombianos. Esa cifra, no obstante, se quedó muy corta. El ente investigador nacional dice tener pruebas para concluir que Odebrecht pagó $84.000 millones entre 2010 y 2015 para obtener la concesión de la Ruta del Sol 2 y la adición Ocaña-Gamarra, un monto de US$42 millones al cambio de la época. La Fiscalía ha enfatizado, por cierto, que este monto no es definitivo: todavía no sabemos qué otros dineros pudieron haberse movido.

La noticia más importante, más allá del dinero, es que la Fiscalía cree tener pruebas suficientes para imputar la responsabilidad en los sobornos de varios políticos de alto vuelto a nivel nacional y regional. En conferencia de prensa, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que se compulsaron copias a la Corte Suprema de Justicia “para que se indague la conducta de los senadores Bernardo Elías Vidal (más conocido como el Ñoño Elías), Musa Besaile Fayad, Plinio Olano Becerra y Antonio Guerra de la Espriella, como presuntos beneficiarios de estos pagos”. Además, a Elías, Guerra y el representante a la Cámara Ciro Rodríguez se les investigará por el posible delito de tráfico de influencias.

El terremoto político que esto genera se siente en todo el país. Los involucrados han sido ligados, aunque nunca con investigaciones formales, a los enormes problemas de corrupción del departamento de Córdoba, donde en época electoral se posicionaron como barones a los que múltiples candidatos, incluyendo el presidente Juan Manuel Santos, querían cortejar para atraer su considerable caudal electoral. Aunque el fiscal Martínez dijo que “la Fiscalía ha estado indagando exhaustivamente y no hay evidencia de pagos a ningún funcionario del actual Gobierno, con excepción del asesor de la ANI, el señor Juan Sebastián Correa”, es necesaria la pregunta: ¿termina en los congresistas la cadena de responsabilidades?

Los implicados, en distintas declaraciones, han insistido en su inocencia y dicen que usarán todos los mecanismos legales para defenderse. En efecto, será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que decirle al país si fueron ellos los enlaces nacionales de esta operación de corrupción internacional. Con todo, falta entender para qué precisamente fueron los sobornos, con quiénes hablaron los involucrados y cómo es posible que su influencia fuese tan efectiva. ¿No hubo otros actores en la trama?

También parece clave preguntar por la responsabilidad política. Aquellos que les abrieron la puerta a estos personajes, si en efecto son culpables, ¿no deberían explicarle al país por qué, pese a las constantes y conocidas sospechas, se sintieron cómodos escuchándolos y cortejándolos con concesiones para tener sus apoyos? En la cultura política suele usarse mucho la excusa de la buena fe, pero en un país donde vemos cada vez más la omnipresencia de la corrupción, nuestros líderes deben poder garantizar total idoneidad y transparencia para que los recursos no se pierdan. Insistimos en la duda que nos ha dejado todo el caso de Odebrecht: ¿qué otros negocios similares están pasando por debajo del radar, con la complacencia de políticos en todas las esferas del poder? Colombia necesita saberlo si es que en verdad quiere acabar con esta plaga.

Las opiniones vertidas en el medio son de responsabilidad del autor.