Diario El Espectador de Colombia

Si bien hemos celebrado el desarme de las Farc y acompañado el necesario debate sobre si en efecto todo el armamento se entregó o no, sentimos que el país está distraído sobre el reto más complejo en el presente y el futuro de Colombia: la ausencia del poder estatal y la apropiada reintegración de los desmovilizados.

Ayer, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) decidió ampliar el mandato de su Misión en Colombia, con el fin de que esta, una vez terminado el asunto de la dejación de las armas, verifique la reincorporación de las Farc a la vida civil y la implementación de garantías de seguridad personal y colectiva en los territorios más afectados por el conflicto. Esta Misión empezará el 26 de septiembre y su acompañamiento será crucial en un tema que no avanza de la manera más adecuada.

Aunque el poder simbólico de la dejación de las armas, por la guerrilla, marcó un hito histórico que sirve como evidencia irrefutable de que el acuerdo de La Habana ha logrado su cometido, ahora el país debe afrontar una realidad mucho más compleja: este no ha sido, ni será, el fin de la violencia.

Vemos con preocupación cómo, pese a que durante las negociaciones el Gobierno y las Fuerzas Armadas insistieron en múltiples ocasiones en que estas estaban preparadas para lo que vendría, el vacío de poder se está sintiendo en muchas regiones del país. Antes bajo el poder de las Farc, con su desaparición, muchas poblaciones han quedado a la deriva. Si no se llenan esos espacios, el conflicto continuará, sólo que con otro nombre. ¿De verdad queremos eso?

Ya estábamos advertidos. Experiencias como la de Afganistán e incluso la nuestra, con la desmovilización de los paramilitares, han demostrado que si el Estado es incapaz de solucionar su ausencia histórica de manera contundente, entonces los grupos al margen de la ley hacen fiesta y montan republiquetas independientes que luego toca recuperar por la fuerza. Es un círculo vicioso que no podemos permitirnos.

Pero esta no es una tarea únicamente de las Fuerzas Militares. Si la institucionalidad del país no puede llegar a estos lugares, persistirán las necesidades desatendidas, que fomentan el crecimiento de los grupos criminales.

Con tanto tiempo de preparación, sorprenden la improvisación y la falta de un plan integral que ya esté en ejecución. Después de varios meses de ausencia de las Farc en los territorios, y ante las denuncias de asesinatos, amenazas y reclutamiento, por actores ilegales, es necesaria y dolorosa la pregunta: ¿qué pasó con la promesa de la paz territorial? Además, sin el liderazgo del Gobierno surgen propuestas angustiosas como las Vicealcaldías de Seguridad en Antioquia.

Esto empeora con los incentivos que parecen existir para que quienes están en proceso de desmovilización vuelvan al crimen, sólo que con otro nombre. La demora de las amnistías, los incumplimientos en las zonas veredales y la ausencia de un plan de reintegración atractivo son síntomas de un Estado torpe y minan la confianza de los exguerrilleros. De nuevo, esta historia ya la conocemos: las “bandas criminales” se nutrieron de muchos paramilitares desmovilizados.

El desastre todavía se puede evitar, pero el Gobierno, inmerso en múltiples crisis políticas, debe priorizar el proceso de suplir los vacíos estatales y la adecuada reintegración. No sólo porque de eso depende el futuro de su mayor apuesta política, sino también porque Colombia lo necesita para tener la oportunidad de alcanzar la paz. Esperamos que pronto puedan mostrarse resultados contundentes.

Las opiniones vertidas en el medio son responsabilidad del autor.