Opinión

Discursos vs. decisiones, por Miguel Ángel Torres

Miguel Ángel Torres

Diario El Comercio de Perú

Hace más de un año, cuando asumí la presidencia de la Comisión de Constitución del Congreso, tuvimos que tomar una decisión trascendente. Con un Parlamento compuesto por un pequeño número de bancadas (no obstante los esfuerzos de falsos institucionalistas) y con la presencia de una fuerza política disciplinada, se presentaba una excelente oportunidad para dar inicio a la tan esquiva y necesaria reforma electoral.

No pasaron muchos días para que se aprobara la creación de un grupo de trabajo que desarrollara y canalizara las distintas iniciativas presentadas por los parlamentarios. También que escuchara las opiniones de quienes, siendo expertos en la materia o habiendo experimentado en carne propia el reto de conducir un partido político, alcanzaran sus recomendaciones.

Pasaron meses y dimos un primer paso importante. El grupo de trabajo logró un documento que sería la base para que la Comisión de Constitución pudiera iniciar un debate político que continúe en el pleno. Recuerdo que en esa oportunidad nos tocó tomar una difícil decisión: abordar la reforma de manera conjunta o por etapas. El ruido político e incluso insultos aparecieron, sin embargo, no nos desconcentraron.

Decidimos entonces optar por ver el tema por etapas. Si bien en una democracia la reforma electoral siempre constituye un asunto fundamental, ella se enfrenta a su constante enemigo… el tiempo. A menos de un año de las elecciones regionales y locales 2018, asumir el reto de una reforma electoral integral hubiese sido suicida.

En ese sentido, se decidió que primero se abordaría lo urgente, aquello que es indispensable para los próximos comicios. Luego lo importante, aquello que debe iluminar los procesos a partir del bicentenario. Y, finalmente, se integraría todo en un código electoral que provea reglas claras.

A la luz de lo sucedido en los últimos meses, todo indica que las decisiones adoptadas fueron bastante acertadas. Hoy contamos con reformas sustanciales aprobadas en la Comisión de Constitución y en el pleno (siempre de manera multipartidaria) sobre la inmodificabilidad de las normas electorales, el cronograma electoral, el financiamiento de partidos políticos, los impedimentos para ser candidato, el fortalecimiento de organizaciones políticas permanentes y los requisitos de candidatura. También contamos con dictámenes sobre democracia interna y valla regional aprobados en la comisión y que se encuentran a la espera de su debate y aprobación en el pleno.

Creo que, dentro de estas reformas, una mención especial merece la referida al financiamiento de los partidos políticos. No solo porque fue la que supuestamente los fujimoristas no queríamos debatir, sino por haberlo hecho desde una perspectiva política y técnica.

Con esta reforma, se regulan ahora los aportes de personas naturales elevando el tope de 60 a 120 UIT (nótese que el grupo de trabajo recomendaba hacerlo hasta 200 UIT). También se regula con mayor precisión el uso del financiamiento público directo, permitiendo que los partidos adquieran inmuebles con dichos fondos, a efectos de ponerlos a disposición de los comités.

Asimismo, se privilegia la transparencia en las cuentas, pues se establece que todo aporte mayor a una UIT sea efectuado a través del sistema financiero, y que aquellos aportes que sean menores o en especie, sean efectuados a través de un recibo de aportaciones. Se prohíbe el aporte de empresas, precisando que no solo el partido será sujeto a una sanción en caso se omita observar esta norma, sino también la empresa que lo haga, al prohibírsele contratar con el Estado.

Se ha regulado la valorización y uso máximo de propaganda electoral en radio y televisión. Este aspecto es fundamental si consideramos que cerca del 80% de los gastos de campaña son por dicho concepto.

Finalmente, el esfuerzo en este trabajo obliga a desmentir a quienes con descaro han señalado que la ley aprobada por el Congreso permite la entrega de dádivas en un proceso electoral. ¡Falso! La ley sanciona desde un primer momento la entrega de dádivas con una multa de 30 UIT. Y ante la reincidencia, con la exclusión del proceso (cabe precisar que, en caso la dádiva sea mayor a 2 UIT, la exclusión se aplicará de manera directa). Esta modificación se ha hecho considerando que las infracciones y sanciones previstas en la legislación electoral deben respetar principios de gradualidad y proporcionalidad para ser constitucionales.

La reforma electoral avanza a paso firme. Hemos pasado, sin duda, de los discursos a las decisiones… ¡y vaya que ya era hora de lograrlo!

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