Este 21 de mayo de 2026 se cumple un año de la salida oficial del cargo de la exfiscal general del Estado (FGE), Diana Salazar.

El Pleno de la Asamblea Nacional, presidido por Niels Olsen (ADN), sesionó el 21 de mayo de 2025 y, con el voto unánime de 136 legisladores presentes, aceptó la renuncia irrevocable al cargo de la entonces fiscal, quien decidió radicarse fuera del país. El 22 de mayo de ese año fue designada embajadora de Ecuador en Argentina.

Con el fin de su gestión de 2.235 días, la imagen de Salazar se mantiene como un símbolo de compromiso en un momento clave para el país. El Cpccs planifica designar a su reemplazo en un concurso que se extendería hasta agosto de 2026.

Durante su gestión, Salazar lideró casos como Odebrecht, en el que se sentenció al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, el caso Sobornos, en el cual fue condenado el expresidente Rafael Correa, y otros exfuncionarios de su régimen por cohecho. También impulsó los casos Metástasis, Purga y Plaga, relacionados con el crimen organizado.

¿El legado de Diana Salazar sigue vigente?
Hermes Sarango, abogado, constitucionalista y penalista, cree que el legado de Salazar no se ha mantenido. Recuerda que la exfiscal, “bien o mal”, actuaba pronto cuando se destapaban casos como “noticia criminis” y ejecutaba de forma reservada allanamientos. “Ahora todos se enteran de que habrá un allanamiento”, cuestiona.

Cree que el fiscal subrogante (Carlos Alarcón) no avanzó con celeridad en casos como Progen y el relacionado con el exdirector provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien fue mencionado por el entonces juez Carlos Serrano, quien supuestamente le habría presionado para fallar en un caso de narcotráfico. “En este caso, hasta ahora no se ha realizado ningún allanamiento; no se ha visto que el fiscal haya continuado con el legado de Salazar. Muchos casos han quedado en el sueño de los justos”, expresa Sarango.

Recuerda que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) entrega a la Fiscalía herramientas, como la Policía Especializada y peritos para que pueda investigar, pero “lamentablemente no han sido utilizadas de manera adecuada por los subrogantes; a veces se han hecho de la vista gorda”, alerta.

Espera que el fiscal que sea designado cumpla con el rol de investigar con independencia e imparcialidad.

Considera que la “desidia” de la Fiscalía se ha irradiado a entes inferiores, como fiscalías provinciales o agentes fiscales. “No son todos, hay fiscales probos, pero en algunos casos, frente a los impulsos fiscales que solicitamos los abogados, no los despachan pronto. Día a día los abogados no encontramos ese eco; no hay una cabeza que oriente”.

Cree que la Fiscalía sigue en acefalía porque el fiscal subrogante del subrogante no puede actuar con amplitud. “No es lo mismo un fiscal con credencial y designado, que un fiscal en funciones prorrogadas”, dice Sarango tras hacer un llamado al Cpccs para que agilice la designación del fiscal titular.

Agrega que en el tiempo que le queda al fiscal subrogante, debería avanzar en casos que dejó pendientes la exfiscal, como la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, “que ya debió concluir hace fechas; la justicia que tarda no es justicia”.

Para la exfiscal general Mariana Yépez, el legado que dejó Salazar es el cumplimiento de funciones.

La obligación que debe cumplir el fiscal general y los fiscales inferiores está establecida en el Código Penal, lo cual debería ser observado por el fiscal subrogante y el fiscal que sea electo en el concurso que organiza el Cpccs.

“La función del fiscal es ser investigador, recopilar elementos y presentar las pruebas en la audiencia”, dice Yépez, quien espera que el fiscal subrogante, mientras continúe en el cargo, lo haga con responsabilidad y con base en el cumplimiento de la ley.

 

 

www.lahora.com.ec