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Diana Salazar asegura que rotar cargos ‘fue estrategia para asegurar sobornos’

“Todos los funcionarios públicos fueron designados (en sus cargos) de forma estratégica por el entonces presidente Rafael Correa, de manera recurrente y circular: iban cambiando en cada uno de los cargos de tal manera que se iba asegurando la continuidad de ese entramado”.

Este argumento es parte de la tesis que manejó la fiscal general, Diana Salazar, para acusar a 24 personas del delito de cohecho en el caso Sobornos.

Para ella, cada uno de los entonces doce funcionarios públicos procesados se mantuvieron entre 2012 y 2016 en cargos de ministros, secretarios de Estado y asambleístas en los que fueron útiles a la “estructura delincuencial”, para facilitar la aceptación de “ofertas, promesas, dones o presentes” a cambio de entregar obras del Estado.

Salazar ha insistido que la organización tuvo en el mando jerárquico superior a Correa y fue él quien mantuvo a, por ejemplo, Jorge Glas, como ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos (2010-2012) y vicepresidente de la República (desde el 2013).

Según Fiscalía, Glas como ministro de Sectores Estratégicos dirigía las políticas y acciones en instituciones públicas relacionadas con la trama investigada: Senagua, Celec, Petroecuador, y a su vez estas mantenían relaciones con Odebrecht, SK, Sanrib, Azulec, Metco y Sinohydro, que, según Salazar, entregaban, en efectivo o mediante cruce de facturas, “sobornos acordados con Glas”.

“Este esquema se mantuvo en la gestión de Jorge Glas cuando fue ministro de Sectores Estratégicos como cuando cumplía funciones de vicepresidente. De ahí que se denota que se usó un sistema circular para ir permaneciendo en los cargos estratégicos y así continuar con el entramado”, explicó la fiscal.

El delito de cohecho es uno de los más graves delitos que se derivarían de la corrupción y de los que más llenan de vergüenza a cada uno de los estados”, Diana Salazar, fiscal general.

También nombró como parte de la estructura a Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia de Correa. De él dijo que entre 2007 y 2017 se mantuvo en esa función, desde la cual habría asesorado en la parte jurídica para el accionar de la organización. Y que se habría beneficiado de $365 000 en efectivo.

Desde la lógica de Fiscalía, la organización es la que realiza directamente el delito en sí, mientras que los autores mediatos son los miembros de esta organización al poseer capacidad de operatividad y mando dentro de la estructura.

“No es necesario que cada uno de los imputados haya cumplido en totalidad con el tipo penal de cohecho, pues estos son autores mediatos y por tener dicha cualidad no son ellos los que cometen la integralidad del tipo, pero sí son los que tienen el dominio en la organización”, aclaró.

En esa lógica incluyó a María Duarte, quien entre 2012 y 2014 fue ministra de Transporte y Obras Públicas. Salazar sostiene que Duarte desde esa calidad gestionó y aceptó sobornos de empresas como Hidalgo & Hidalgo, Fopeca y TGC, Consermin, Verdú y Equitesa. Todas estas tendrían contratos con ese ministerio.

Para la Fiscalía, Walter Solís también ingresaría en esa estrategia circular de cargos, pues fue entre 2012 y 2015 secretario nacional del Agua y luego, entre 2015 y 2016, ministro de Transporte. La fiscal asegura que Solís en calidad de Líder 3 gestionó la entrega de sobornos de empresas como Equitesa o Hidalgo & Hidalgo, que tienen relaciones contractuales con Senagua y Transporte.

 

 

(El Universo)