María Elena Gómez de Reshuan/Guayaquil

 

 

 

A propósito del 1.º de mayo, es necesario abrir los ojos y los oídos y darnos cuenta de qué está pasando dentro de las empresas y por qué se pierde gente valiosa que no acepta las condiciones que se tratan de imponer como norma para mantener sus puestos de trabajo.

Muchos responderán que esto ocurre porque en los últimos años hemos tenido presidentes muy malos. Otros dirán —y se lo escucha muy a menudo— que la administración pública saquea las arcas del país. Y aquí es donde comienza a desenredarse el ovillo.

La moda se impuso allá por los años 70, cuando brillantes empresarios decidieron fundar sus empresas e incluir en su personal a gente joven, atractiva, de buenas familias, con un buen currículo y, sobre todo, deseosa de aprender. Estos ejecutivos hicieron especial hincapié e inversión en la preparación académica de sus subordinados.

Lo comento en conocimiento de causa, porque fui una de las beneficiarias de esa formación, con cursos y estudios en la importante Universidad de Louisiana.

Pero… ¿qué rumbo tomó esta brillante idea? Se distorsionó. Empresas, fábricas e industrias vieron la oportunidad de reducir presupuestos, despidiendo intempestivamente al personal capacitado y con experiencia.

Se olvidaron de que la experiencia no es un accidente y comenzaron a tomar como pretexto la edad. Así, el personal de 35 años en adelante empezó a ser descartado como si fuera papel inservible. Más aún si ese personal tenía 20 años o más en la empresa: había que evitar el pago de jubilaciones, sin importar que, gracias a esos empleados y a sus brillantes ideas y trabajo, las empresas surgieron y crecieron.

Los métodos utilizados fueron diversos y, sin excepción, abusivos.

Conozco el caso de una empresa en la que, cada vez que uno de sus ejecutivos salía de vacaciones, su oficina era violentada: su escritorio, archivos y útiles eran trasladados de forma inmisericorde a lugares inapropiados. Todo esto ocurría porque uno de los directivos, además de ser pariente, sentía celos de los logros que aquel alcanzaba.

Este fue despedido después de más de 40 años de trabajo, sin jubilación. Una liquidación, por demás absurda y ridícula, manipulada al antojo de quien ejercía el poder en el momento, maniobrando con maldad, por debajo de los dueños, sin respetar a la familia del empleado.

Lo que significa que ser pariente de los dueños no es ninguna garantía; peor aún para el personal que entra y sale de las empresas como si fueran supermercados.

Los casos de acoso —no solo hacia mujeres, sino también hacia hombres— son historias que empañan a la clase trabajadora, con humillaciones que, en muchos casos, revelan una maldad increíble.

Esta situación de desempleo, en plena etapa productiva de la vida, causa estragos psicológicos y emocionales: angustia, desesperación y, en algunos casos, ha terminado en suicidio.

Pero el suicidio no es lo único grave. Aún más alarmante es que mujeres y jóvenes sean extorsionados por jefes psicópatas, quienes exigen relaciones íntimas para mantenerlos en sus puestos de trabajo. Esto se observa con frecuencia en fábricas e industrias, que terminan convirtiéndose en focos de corrupción dentro del personal obrero o jornalero, donde el miedo a perder el empleo obliga a guardar silencio.

La corrupción no solo se encuentra en las empresas públicas; está enquistada en el país. Y todavía no existe una ley que proteja eficazmente al trabajador que denuncia, porque el costo de hacerlo, sin respaldo institucional, es demasiado alto para quien se atreve.

Es hora de que Ecuador recupere su dignidad, su respeto y su decencia.

Es hora de que los empresarios salgan de su zona de confort, de ese aire superficial de intocables, y recorran sus empresas; que conversen con sus empleados, que se respalden en su experiencia y responsabilidad, pero, sobre todo, que tengan plena conciencia de lo que ocurre dentro de sus negocios.

Ecuador necesita un baño de valores, y esa enseñanza debe mantenerse como una prioridad del Estado.