Economía

Deuda a Perenco pone en riesgo las inversiones en Ecuador

El lunes 1 de agosto, el Gobierno se enteró de la decisión de una autoridad judicial de Luxemburgo sobre el congelamiento de los activos del Estado en ese país europeo, tras la ejecución del laudo emitido el 12 de septiembre del 2014. En esa fecha, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas Inversiones (Ciadi) falló en contra del país ya que, en el gobierno de Rafael Correa, se decidió aplicar la Ley 42 de abril del 2006.

Esta establecía una participación mínima del Estado del 50% en los excedentes de los precios del petróleo no pactados o no previstos.  Roberto Calderón, experto en litigio penal empresarial, en sectores de hidrocarburos, financieros y seguros, explica que un total de 86 causas se siguen en contra del Ecuador en arbitrajes internacionales.
En el portal de la Procuraduría se da cuenta de algunas de ellas.

“Hay juicios en el tribunal andino, sedes extranjeras, arbitraje de inversión, notificaciones de controversia y arbitrajes”, explica.

El caso con  la empresa Perenco es uno de esos, pero Ecuador también litiga otros emblemáticos a nivel del Ciadi, a través del cual se analizan controversias de contratos entre Estado y empresas privadas.

La pandemia y la situación económica del país no permitió honrar la deuda y ahora el territorio está en el escenario de la vergüenza internacional, pero allí no acaba el caso. Con la aplicación de las medidas cautelares cedidas a Perenco, la imagen del Estado se ve afectada internacionalmente y esto incide en el riesgo país y a la credibilidad de Ecuador.

Para Calderón, el país ha quedado como un territorio que no ofrece seguridades a sus inversionistas.

Otros  analistas consideran que el Gobierno debería realizar el pago, pues de ello depende mantenerse activo en las negociaciones de las rondas petroleras, en donde ya hay campos desiertos.

La lección que deja la ejecución de este laudo es que se deben respetar los contratos, pues cambiarlos conlleva demandas y ya es sabido que “Ecuador pierde en litigios internacionales”, analiza.

El caso Occidental

El 2 de febrero pasado, en un comunicado, la Procuraduría instó a Petroecuador a ejercer inmediatamente la acción de repetición respecto del pago que realizó el Estado ecuatoriano a favor de la empresa OXY. En el 2006, esa firma inició un arbitraje de inversiones en contra de Ecuador. Su fundamento fue la declaratoria de caducidad del contrato de participación que mantenía para la exploración y explotación del bloque 15 en la Amazonía.  El Ciadi, en el 2015, dictó su laudo por USD 1 061 millones. Finalmente, en el 2016, el país y la empresa llegaron a un acuerdo de pago de nueve cuotas. Según la Procuraduría, esos recursos fueron pagados entre febrero y junio del 2016.

Litigio con Burlington

En febrero del 2017 el Tribunal Arbitral emitió su decisión final sobre la demanda planteada por la compañía Burlington Resources Inc. en contra del Ecuador. Desestimó la pretensión de la petrolera que buscaba una reparación USD 1 515 603 095. Finalmente, el Tribunal estableció que el Ecuador debía pagar USD 379 802 267 más intereses. El conflicto data de 2008 cuando Burlington entabló una demanda por la aplicación de la Ley 42. Esta es la misma normativa sobre la cual Perenco obtuvo un fallo favorable.  En este caso, el Tribunal también reconoció el daño ambiental provocado por la petrolera. Según la Procuraduría, el arbitraje determinó un pago de USD 41,77 millones. La ejecución del laudo está suspendida.

Juicio Chevron

En el gobierno del expresidente Lenín Moreno se admitió la pérdida del caso frente a la petrolera Chevron. El Tribunal Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, resolvió a favor de la empresa, por lo que el país fue condenado a pagar una indemnización por daños y perjuicios. La decisión se basó en que Ecuador fue responsable por la denegación de justicia y la violación al principio de trato justo y equitativo. Ambas cosas estaban previstas en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado con Estados Unidos. En septiembre del 2018, el Ejecutivo dijo que no estaba dispuesto a pagar por un proceso generado en la administración pasada. Entonces se  apuntó que se exigirá a Correa  y a sus colaboradores que respondan.

Gente Oil

El 7 de junio pasado se conoció la decisión del Tribunal administrado por la Corte Permanente de Arbitraje. Ecuador fue sentenciado a pagar USD 11 millones a la empresa Gente Oil, que opera el campo Singue. La pretensión de la empresa era obtener USD 92 millones, según lo expuso la Procuraduría tras la noticia de la decisión. El caso data de 2018 cuando Gente Oil planteó la demanda contra el país por unas supuestas violaciones al contrato. Su queja tenía que ver con la pretensión de que el Estado quería reducir la tarifa que le paga a la empresa. Hay que recordar que esta petrolera fue parte del Consorcio DGEC. Este incluía a Dygoil. El Estado le adjudicó a ese consorcio un contrato para operar en el Campo Singue.

 

 

El Comercio