Guayaquil. Luego de que el fiscal Carlos Baca Mancheno reveló ante el país un diálogo entre el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit, prófugo dentro del caso Odebrecht, en el que se habla de un supuesta trama para “bajarlo” del cargo, la situación se ha vuelto en su contra.

En la actual coyuntura política se le cercan las posibilidades de continuar al mando de la Fiscalía de la Nación cuando, por un lado, se cierne un juicio político en el Parlamento, y, por otro, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio ha expresado que el primer funcionario en ser evaluado y posiblemente removido sea el propio Baca.

El pasado viernes 9 de marzo en una prolongada sesión el pleno de la Asamblea resolvió destituir de la presidencia de esa función a Serrano como consecuencia del audio difundido por Baca, pero esa función también decidió iniciar el trámite para un proceso político al fiscal.

La bancada socialcristiana ha tomado la iniciativa en este proceso y se dispone a iniciar en las próximas horas la recolección de las firmas necesarias en el pleno para solicitar al Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) que acepte a trámite el enjuiciamiento político del fiscal.

De acuerdo con la Ley de la Función Judicial, para ello se requieren 36 firmas y al menos los bloques PAIS, CREO, Revolución Alfarista, de Integración Nacional y otros han comprometido su apoyo a este proceso que tiene como objetivo la censura.

Los asambleístas no solo abordarán el tema del audio de Serrano sino que buscarán respuestas de Baca ante hechos como su participación en la comisión que investigó los sucesos del 30 de septiembre de 2010 cuando la Policía se sublevó en el país y provocó graves desmanes que pusieron en riesgo la vida del entonces presidente Rafael Correa.

Por otro lado, la bancada afín al exmandatario buscará respuestas del fiscal sobre sus declaraciones formuladas el pasado 9 de marzo en su comparecencia ante el pleno de la Asamblea en las que indicó que recibió presiones, sin precisar cuáles, durante el juicio al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, quien finalmente fue sentenciado en un proceso de  asociación ilícita en la trama Odebrecht.

El jurista y analista político Stalin Raza considera inminente la destitución del Fiscal General, una vez que en la Asamblea se obtuvieron los votos para iniciar el proceso político y que probablemente serán los mismos que decidan la suerte del funcionario.

No obstante, en este escenario de fiscalizar todo rastro del pasado gobierno, se va configurando una suerte de competencia de cuál función decide más pronto el destino de Baca Mancheno, quien en los últimos diez meses lideró los más sonados procesos de corrupción contra exfuncionarios del gobierno pasado, entre ellos al exsegundo mandatario.

“Lo que vamos a ver es que el CPCCS Transitorio y la Asamblea van a entrar en una competencia, ¿cuál de las dos instituciones destituyen más rápido al fiscal General del Estado?”, señaló el analista en entrevista con radio Pública FM.

Pero ante el escenario de una posible ausencia definitiva de Baca, la bancada socialcristiana ya se adelantó a ‘mover sus fichas’ para evitar que la fiscal subrogante, Thania Moreno, asuma ese cargo.

Este martes 13 de marzo la legisladora Cristina Reyes presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que se remueva a Moreno por “su manifiesta negligencia” en la investigación del caso de corrupción conocido como “pases policiales”, y por los vínculos que tendría con Serrano, quien en ese entonces fungía como ministro del Interior, responsable de la Policía Nacional.

Moreno ha minimizado esta denuncia y dijo estar dispuesta a que se investigue todo en este caso porque, según declaró: “quien nada debe nada teme”.

El jurista Gonzalo Silva coincide que esas son causales suficientes para que el Consejo de la Judicatura suspenda a la fiscal Moreno, mientras tanto el CPCCS transitorio ya debería ir preparando la normativa para cuando “el fiscal deba dejar sus funciones”.

Mientras, hay quienes consideran necesaria la destitución de los funcionarios para crear un marco de gobernabilidad, por otro lado, los funcionarios aludidos hablan de persecución y desinstitucionalización. Lo cierto es que Ecuador vive en una complicada situación política que atenta contra la institucionalidad y la democracia del país, según señaló en días pasados el primer mandatario, Lenín Moreno. (ANDES/LA NACIÓN)