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Depresión y fuerza siente víctima en primer juicio crímenes humanidad Ecuador

A la audiencia acudió la cúpula militar, incluso el General en servicio pasivo, Guillermo Rodríguez Lara.

QUITO. La depresión y la fuerza embargan a Susana Cajas, una de las víctimas en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que iba arranca ayer en Ecuador, en el que cinco acusados se iban a sentar en el banquillo por supuestos delitos cometidos entre 1985 y 1988. La misma que pospuso y no se instaló. La razón. El estado de salud de Mario A., uno de los procesados por estos delitos motivó la postergación de la diligencia, según lo informó el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.

La defensa de Mario A. presentó ante el Tribunal un certificado médico que confirma que el acusado tiene problemas de salud. Tras analizar el certificado médico, la juez Sylvia Sánchez decidió no instalar la audiencia de juicio, basada en el artículo 278 de Código de Procedimiento Penal. Sánchez debe convocar a una nueva audiencia de juicio.

A la audiencia acudió la cúpula militar, incluso el General en servicio pasivo, Guillermo Rodríguez Lara. Para el juicio han sido convocados 69 testigos y se presentarán 11 peritajes y más de 70 documentos.

“Para mi es una experiencia muy fuerte en general”, dijo Cajas al asegurar que el caso fue llevado a los tribunales porque “hay que buscar la justicia, exigir justicia, buscar la verdad, creo que el país debe conocer lo que pasó”.

En el caso “Vaca, Cajas, Jarrín”, están procesados exmilitares (generales y coroneles) y un general de Policía en servicio pasivo, quienes pertenecieron a lo que la Fiscalía General del Estado llama “estructura de represión estatal que, en forma sistemática y generalizada, cometió crímenes contra la humanidad”.

Las víctimas son Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín integrantes del grupo “Alfaro Vive Carajo”, cuyos derechos humanos fueron violentados entre 1985 y 1988, durante el gobierno del presidente León Febres-Cordero, indicó el Ministerio Público.

Cajas recuerda que el proceso de judicialización del caso comenzó hace dos años y, lo que llama el “momento crucial”, la audiencia de juzgamiento, pretendía comenzar ayer en la Corte Nacional de Justicia, que acoge así el primer caso por crímenes de lesa humanidad.

“No es que me mueve el odio, la venganza o el desquite, al contrario, son momentos que nos producen mucha depresión, pero también mucha fuerza de seguir adelante porque pienso que estamos hablando con la verdad”, señaló.

Las víctimas fueron detenidas el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas (noroeste) por militares que les pidieron sus identificaciones y, sin orden judicial, llevados al cuartel Batallón Montúfar y después al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto, provincia de Pichincha.

Cajas y Jarrín estuvieron arrestados durante quince días, tiempo en el cual sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales, antes de ser liberados, según el expediente fiscal.

Luis Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante tres años e, incluso, eliminaron sus datos de filiación del Registro Civil. Él fue liberado a mediados de 1988.

Cajas apunta que revivir lo que le ocurrió hace treinta años le provoca “tristeza y depresión”, pero encuentra fuerza en la necesidad de que se conozca la verdad y se recupere “una memoria, parte de la historia que fue contada solamente desde una versión oficial”.

“Hay que asumir esta responsabilidad frente al país”, dijo, y “contribuir para que esto nunca más vuelva a pasar, para que exista una juventud que si quiere tener una participación política, realmente no tenga que, por un lado acudir a las armas, y por otro lado, no esté expuesta a la tortura, desaparición, ejecución extrajudicial”, señaló.

Para Cajas, asambleísta alterna por el movimiento oficialista Alianza País, los integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo, que dejó las armas en 1990, fueron ya juzgados por la justicia: “rendimos cuentas a la justicia, todos rendimos cuentas a la justicia”, dijo.(Efe/DO/La Nación)