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DECLARACIÓN EN DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO EN EL ECUADOR

Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), observando las manifestaciones que tienen lugar en el Ecuador y constatando los intentos por desviarlas y usarlas para la desestabilización de las instituciones constitucionales y del Estado de Derecho, consideran obligante expresar lo siguiente:

a) El derecho a la discrepancia, a la crítica y a la protesta son elementos consustanciales al sistema democrático; más todavía, en el caso de sectores sociales que han sido marginados de los beneficios del progreso, como es el caso del pueblo indígena latinoamericano.

b) En el Ecuador, desafortunadamente, el uso generalizado de la violencia, en ocasiones ha socavado el orden democrático y ha llevado a que gobiernos legítima y democráticamente constituidos sean arbitrariamente reemplazados.

c) Ella ha vuelto a manifestarse con ocasión de un paro resuelto por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE). Han muerto tres ciudadanos y han sido heridos muchos más, como consecuencia de los bloqueos de carreteras, ataques a edificaciones de la Fiscalía y la Contraloría, destrucción de bienes privados y públicos, saqueos, secuestros de policías, paralizaciones de servicios de electricidad y agua, saqueos, cercos a las actividades productivas y la represión policial.

d) El acceso al poder por la voluntad popular expresada en las urnas, conforme al Estado de Derecho, y la alternabilidad en su ejercicio son premisas fundamentales del credo democrático, sostenido y defendido en las Américas por la Carta Democrática Interamericana y reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

e) El gobierno del presidente Guillermo Lasso cuenta con el reconocimiento de su absoluta legitimidad constitucional y democrática por la comunidad internacional, igual que por la amplia mayoría de ciudadanos que lo  eligieron hace apenas un año.

f) Por las razones anotadas, los expresidentes que firmamos esta declaración, hacemos un ferviente llamado al Gobierno y al movimiento indígena, a discutir constructiva y patrióticamente un acuerdo que ponga fin a la violencia, restablezca la paz y atienda las justas demandas sociales. Y a los poderes constituidos, a los partidos políticos, a la sociedad civil y a los ciudadanos a defender la democracia ecuatoriana y garantizar la plena vigencia del Estado de derecho.