Economía

Debate sobre la tarifa eléctrica de alto voltaje que favorece a cuatro empresas se aviva con pedido de asambleísta a Contraloría

Continúa la polémica sobre un supuesto subsidio o incentivo a la tarifa eléctrica que se cobra a entre cuatro empresas en el país, las cuales consumen una electricidad de alto voltaje en su proceso productivo.

 

Es que en el país, las empresas mineras Ecuacorriente, Lundin Gold y otras industrias como Adelca (en Milagro) y Petroecuador (empresa estatal) tienen una tarifa especial por consumo en el segmento AV2 (alto voltaje 2), que está en promedio en 7,29 centavos el kilovatio hora.

Algunos expertos en el tema energético han señalado que esta tarifa (que sería posible gracias a un subsidio estatal) estaría afectando de manera indirecta a las arcas fiscales: más aún en momentos en que la liquidez es escasa y cuando se busca bajar subsidios a los combustibles. Sin embargo, desde la Cámara de Minería y algunas autoridades del Gobierno se indica que no existe dicho subsidio.

Al debate se ha sumado la asambleísta de Avanza Lucía Anabelle Posso, quien envió el 13 de marzo pasado un pedido al contralor del Estado, Xavier Torres, a fin de que se examine “el cálculo de subsidio eléctrico para grandes mineras en el país cuya denominación en pliego tarifario eléctrico en alto voltaje dos (AV2)”.
Aunque esta tarifa no beneficia exclusivamente a las empresas mineras, la asambleísta en su comunicación expresa su preocupación frente a “los precios tan bajos de electricidad que pagan las grandes mineras”. La asambleísta tiene dudas sobre si existe o no el informe del Ministerio de Economía y Finanzas que permita continuar con esta suerte de subsidio y asegura que desde 2016 se ha subsidiado a las empresas mencionadas con unos $ 120 millones.

En su comunicación, Posso pidió a la Contraloría que haga las revisiones necesarias sobre la fórmula de cálculo para la aprobación de la tarifa industrial para el grupo AV2 y el cálculo para el 2024 de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que estableció el costo medio del servicio público de energía eléctrica en 9,03 centavos el kilovatio hora. Esto, considerando que el costo de la electricidad fue superior a esa tarifa y puso como ejemplo los 60 centavos que se llegó a pagar a Colombia por la compra de electricidad.

Aseguró estar de acuerdo en que no suba la tarifa eléctrica del sector residencial y que se mantengan los subsidios a los más necesitados, sin embargo, considera que la tarifa a las grandes mineras constituye un claro subsidio eléctrico que generaría un posible perjuicio al Estado ecuatoriano.

También pidió que Contraloría verifique si se está o no cumpliendo el artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee). Este indica que “si por intermedio de la Agencia de Regulación y Control se aprobare o hubieren aprobado pliegos tarifarios que se ubiquen por debajo de los costos del servicio público de energía eléctrica, los valores que correspondan a estos subsidios, compensaciones o rebajas serán cubiertos por el Estado previo análisis de factibilidad que realice el Ministerio de Economía y Finanzas”.

En este sentido, la asambleísta pide a Contraloría que verifique la existencia de dicho informe y a su vez se solicite y analice dicho estudio que sería clave para mantener o no el subsidio.

Se solicita que se analice cuál es el costo de toda la cadena de valor de la tarifa industrial del grupo AV2 para determinar que los 7,29 centavos por kilovatio hora (kWh), precio menor al costo medio del servicio público de energía eléctrica para 2024 de 9,03 centavos kWh cubren todos los costos del servicio, ya que esta beneficia de manera especial a las dos grandes mineras que operan en el país .
Pide que en este análisis se explique la razón por la que se justificaría la tarifa industrial AV2, pues esta sería 40 % más económica que algunas franjas horarias del grupo AV1. Finalmente, en su comunicación informa a Contraloría que de diversas inquietudes presentadas ante el Ministerio de Energía y el de Economía y Finanzas, se estableció que el Estado no tiene ningún compromiso contractual con las empresas mineras de mantener esa tarifa subsidiada.

Para la asambleísta, es importante establecer estas reglas de juego porque existe una expectativa de mayor demanda de este tipo de energía con la entrada de nuevas explotaciones mineras en los próximos meses. Además advirtió que hay empresas que están bajo el régimen de AV1 (sin subsidio) y que quieren migrar a AV2.

Entre tanto, Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, reconoció que la tarifa eléctrica que se aplica a las industrias en el Ecuador representa un porcentaje más bajo que el que se aplica a hogares, pero aclaró que no solamente rige para la industria minera, sino para todas las industrias en general.

Explicó que esta tarifa existe y está fijada dentro del tarifario un valor para industrias, la cual se ubica en los rangos que tiene la región para tarifa industrial eléctrica, valores que ponen los países como métodos de incentivo para atraer inversión.

De acuerdo con Silva, “de ninguna manera se trata de un subsidio eléctrico específico para la industria minera”.
Sobre el tema del supuesto subsidio, el viceministro de Electricidad, Ramiro Díaz, explicó también, en una comunicación que está en manos de la asambleísta Posso, que esa tarifa es un incentivo tarifario implementado al sector industrial y que este no constituyó un “subsidio” con cargo al Presupuesto General del Estado, ya que dicho incentivo tarifario se lo solventó sobre la base de una redistribución de los costos en la prestación del servicio público de energía eléctrica. “Consecuentemente, no existe un valor de subsidio a cargo del Estado”.

Si bien esta tarifa no saldría del presupuesto, estaría recaudándose a partir de las tarifas a los demás beneficiarios, entre ellos, los hogares y las otras industrias.

Por:  KCH