El presidente Daniel Noboa emitió un pronunciamiento la noche del 31 de octubre de 2025, en el que resalta que la denuncia en su contra fue archivada. Se trata de la denuncia por presunto tráfico de influencias, presentada por Yaku Pérez y otras personas el 26 de agosto de 2025.

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, resolvió aceptar el pedido de archivo formulado por la Fiscalía General del Estado y declarar a la denuncia como temeraria. La resolución se emitió la tarde del 31 de octubre y consta en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano.

En su cuenta de X, Noboa publicó una carta dirigida a Cuenca y al país. “La denuncia presentada por Yaku Pérez y otros ciudadanos en contra mía y de mi familia fue archivada”, expresó Noboa.

Defendió que los argumentos fueron claros. “La acusación carecía de sustento legal y de cualquier prueba que la respalde. La jueza calificó la demanda como temeraria. La resolución judicial demuestra que la denuncia no solo fue infundada, sino que tuvo la clara intención de dañar mi honra y la de mi familia”.

Con ese antecedente, el mandatario refirió que “queda en evidencia que la vieja política no descansa: prefieren fabricar denuncias maliciosas para intentar destruir lo que no pueden igualar en las urnas”.

Noboa advirtió que podría reaccionar en el campo judicial. “Me reservo el derecho de tomar las acciones legales que correspondan; en caso de que la justicia falle a favor, los fondos serán destinados a la conservación hídrica en Azuay”, anticipó.

“A la ciudadanía y especialmente a los cuencanos, mi dedicación al país y a esta ciudad siempre será más fuerte que cualquier intento absurdo por alejarme de ustedes”, subrayó.

Reacción de Yaku Pérez
La posición de Noboa fue cuestionada por el ecologista Yaku Pérez. “Que tristeza. La justicia es como el alacrán, solo pica a los descalzos y rinde reverencia al poder político y económico”, manifestó Pérez junto a un video en su cuenta de X.

Pérez respondió a Noboa: “Acaba de afirmar usted que la justicia archivó la investigación penal de tráfico de influencias con la empresa Dundee Precious Metals que justamente recibió la licencia ambiental de su Gobierno”.

El también abogado Yaku Pérez además criticó al sistema judicial. “Es una tristeza ver a una justicia arrodillada, inclinada al poder oligárquico, al poder político. Una justicia ciega, sorda y muda. Que no quiso ver las pruebas que presentamos en Fiscalía”, expresó.

Pérez mostró en su computadora algunas imágenes donde aparece Noboa, la primera dama, Lavinia Valbonesi, que también fue incluida en la denuncia.

“Más de 12 peticiones de prácticas de pruebas que solicitamos al fiscal que se estrenaba como subrogante y que no la cumplieron. Nunca antes en la justicia penal ecuatoriana un caso como este se ha archivado en menos de dos meses”, criticó.

Pérez considera que la postura de Noboa no es el de un ecologista real: “Asistimos a un Ecuador desbocado en el que usted se disfraza de ecologista y dice que se reserva para presentar acciones judiciales en mi contra, se entiende que van a hacer demandas millonarias y ese dinero se entregará para cuidar las fuentes hídricas de Cuenca”.

Pero en lugar de hacer esas demandas, sugirió que “primero cancele las concesiones mineras en Quimsacocha, en Palo Quemado, en Las Naves, en Las Pampas, en Fierro Urco, porque primero no suspende las actividades petroleras en el Yasuní, ahí sí sería coherente ser un ecologista de verdad”.

Pérez aseguró que no dejará el país. “Señor presidente, no voy a huir del Ecuador. Aquí me quedaré para enfrentar a la justicia con la verdad porque la verdad nos hará libres”.

Fuentes de la Corte Nacional de Justicia explican que la denuncia solo fue declarada como temeraria y no como maliciosa; que cuando se declara maliciosa eso posibilita abrir un proceso penal, pero cuando es temeraria da paso solo a un proceso civil.

FOA rechaza archivo de la denuncia
La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) emitió un comunicado este 1 de noviembre.

“Desde la FOA, los defensores del agua y la naturaleza, la Junta de Agua de Tarqui–Victoria del Portete y la Sociedad de Riego de Girón, rechazamos el archivo de la denuncia por presunto tráfico de influencias, en la que fuimos parte denunciante”, se lee en el documento.

Señalan que “existen pruebas y videos públicos” que respaldan su denuncia y cuestionaron la resolución de archivo. “A pesar de ello, la jueza Daniela Camacho actuó sin imparcialidad, favoreciendo los intereses del poder y de la minera”.

Cuestionan que “el presidente Noboa se victimiza, ya que la denuncia nunca buscó dañar su honra ni la de su familia”. Aseguran que el objetivo fue otro: “Lo que se exigió fue conocer la verdad sobre los posibles vínculos de Noboa y Lavinia Valbonesi con la minera Dundee Precious Metals”.

Sobre la advertencia de Noboa de tomar acciones legales y que si la justicia falla a su favor destinará los fondos a la conservación hídrica en el Azuay, la FOA lo califica como “falso y demagógico”.

Procedimiento del caso
Fue Carlos Alarcón Argudo, como fiscal general del Estado subrogante, quien solicitó el archivo de la denuncia y fue puesta en conocimiento de Camacho el 14 de octubre de 2025, debido a que Noboa es una autoridad que goza de fuero de Corte Nacional. Así consta en el expediente de la resolución.

En su pedido, Alarcón explicó que los denunciantes fijaron como presunta conducta fraudulenta el otorgamiento de una licencia ambiental para lo cual la compañía Dundee habría realizado donaciones a la Fundación Ana, representada por Valbonesi.

Como resultado de las actuaciones, Alarcón señaló que “no se encontraron indicios que confirmen la existencia de las supuestas donaciones a la Fundación Ana, como así lo certifica el oficio Nro. NAC-SGCOIOC25-0000008, en donde se certifica que no consta ninguna donación, transferencia ni entrega de recursos económicos de parte de la sociedad Dundee Precious Metals DMPECUADOR S.A., con RUC 17913022220001, a la Fundación Ana, con RUC 1793216877001”. Añadió que eso se confirma con el informe Reporte Tributario para Terceros de la Fundación Ana.

Agregó que tampoco se obtuvieron elementos que señalen a Noboa de influir directa o indirectamente sobre el servidor público que autorizó y emitió la licencia ambiental. “Dicho servidor público que hizo la emisión del acto administrativo no ha sido señalado ni investigado, y no existe evidencia de que haya actuado bajo presión, sugerencia o instrucción del señor presidente (Noboa)”.

Alarcón también refirió que mediante el oficio Nro. DPM-LL-EXE-OFC-2025-1141, del 8 de octubre de 2025, remitido por la empresa Dundee se certifica que no se ha realizado ningún aporte o donación al Proyecto Ana.

Camacho determinó que la solicitud fue realizada por el entonces fiscal general del Estado subrogante, quien al ser la autoridad competente estaba facultado para actuar observando el bloque de constitucionalidad y la normativa vigente. Además, señaló que “no existe superior al que remitir la consulta, por cuanto el fiscal general del Estado es la máxima autoridad de la institución pública a la que representa”. Y procedió con el análisis de la solicitud.

En un escrito el abogado de Noboa y Valbonesi, Fernando Yavar, solicitó el archivo de la causa y que se declare la malicia de la denuncia.

Sin embargo, Camacho concluyó que “la denuncia no es maliciosa, pues no han buscado causar un perjuicio como tal a las personas investigadas”. Pero declaró a la denuncia como temeraria. Justificó que “los denunciantes se creían facultados para someter ante el poder penal una conducta que ellos ameritaron lesiva y con relevancia penal, cuando en realidad, a partir de la investigación realizada, el hecho investigado no constituye delito alguno”.

 

 

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