El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo N.º 199, que declara la excepcionalidad presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2026. Esta medida permitirá al Estado financiar gastos permanentes en los sectores de salud, educación y justicia con recursos no permanentes, atendiendo una recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Hasta este 2025, la ley establecía que los gastos en salud, educación y justicia debían cubrirse únicamente con ingresos permanentes, como los provenientes de los impuestos. Sin embargo, con el nuevo decreto, el Gobierno podrá financiar estos sectores también con ingresos no permanentes, como los recursos petroleros, créditos externos, venta de activos u otras fuentes extraordinarias, que son temporales.

Una medida excepcional para sectores de salud, educación y justicia
El decreto, suscrito el 30 de octubre de 2025 en Santo Domingo, establece que la decisión se adopta ante la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.

En este contexto, el MEF deberá registrar la excepcionalidad en el Presupuesto General del Estado de 2026 (PGE,) que debe enviarse a la Asamblea hasta el 31 de octubre. Además, emitir las normas necesarias para reportar y verificar la proforma y liquidación presupuestaria.

El objetivo, según el texto, es asegurar que las entidades responsables de estos tres sectores estratégicos mantengan su operatividad. Esto, mientras se reestructuran los presupuestos institucionales para el próximo año fiscal.

Financiamiento de salud, educación y justicia con deuda
Para Juan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, el decreto representa un cambio relevante en la estructura de financiamiento del Presupuesto General del Estado. La nueva normativa permite cubrir gastos permanentes —como salud, educación y justicia— con ingresos no permanentes, incluidos los provenientes de deuda.

Antes, estos rubros se financiaban solo con ingresos permanentes, principalmente impuestos. Ahora, el uso de endeudamiento revela, según Salvador, la dificultad del Estado para sostener su gasto corriente y su creciente dependencia del crédito para equilibrar las cuentas públicas.

Lineamientos y control fiscal
El decreto dispone que el ente rector de las finanzas públicas emita directrices y lineamientos a las instituciones ejecutoras de gasto en salud, educación y justicia. Estas deberán coordinar ajustes en sus presupuestos para optimizar el uso de los recursos disponibles.

Asimismo, se señala que el cumplimiento de la regla fiscal, que regula la relación entre ingresos y egresos permanentes, será verificado mediante reportes consolidados del PGE.

Vigencia inmediata
La disposición final encarga al Ministerio de Economía y Finanzas la ejecución del decreto. Este entra en vigencia desde su firma, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Además, se derogan todas las normas de igual o menor jerarquía que contradigan esta decisión.

Con esta medida, el Gobierno busca mantener el funcionamiento continuo de los servicios esenciales, pese a las limitaciones fiscales, señala el documento.

Este contenido ha sido publicado originalmente por EL COMERCIO. Si vas a hacer uso del mismo, por favor, cita la fuente y haz un enlace hacia la nota original en la dirección: https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/noboa-autoriza-usar-fondos-no-permanentes-financiar-salud-educacion-justicia-en-2026/