Con 27 años, la abogada Cynthia Alexandra Jacho Tipán preside la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado, un proceso que ha estado marcado por críticas debido a los retrasos y cuestionamientos sobre una supuesta falta de transparencia.

Jacho obtuvo su título de abogada, registrado en la Senescyt a inicios de 2024, y en junio de 2025 recibió reconocimientos por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y causas sociales. En esta entrevista con La Hora, sostiene que todas las actuaciones de la Comisión se ajustan a la ley, rechaza cualquier señalamiento de favoritismo hacia alguno de los postulantes y asegura que las demoras responden a la necesidad de garantizar un proceso transparente y con seguridad jurídica.

P. ¿Presidenta, avanza el concurso de selección de Fiscal?
El desarrollo del Concurso ha sido ratificado en sede judicial, pues la Comisión Ciudadana de Selección ha superado tres Acciones de Protección, con decisiones favorables, confirmando la legalidad de las actuaciones adoptadas dentro del ámbito de sus competencias. Esto fortalece la legitimidad del proceso y permite a la Comisión continuar con el concurso, manteniendo su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y el estricto cumplimiento de la Constitución y la normativa vigente. Así también, la Comisión se encuentra trabajando por la continuidad del presente concurso, con la atención a las diferentes actuaciones administrativas y en la elaboración del Instructivo Metodológico para la Fase de Oposición y Recalificación.

P. ¿Hay muchas críticas por las demoras en el proceso?

Es natural que un Concurso de alta relevancia institucional genere expectativas y también cuestionamientos. Sin embargo, es importante diferenciar las opiniones del cumplimiento de las obligaciones legales de la
Comisión. Las decisiones no pueden adoptarse por presión mediática o política, sino sobre la base de la normativa vigente y garantizando que cada actuación tenga el sustento jurídico correspondiente. Un proceso sólido puede tomar más tiempo, pero brinda mayor legitimidad a su resultado.

P. Desde sectores políticos y de la sociedad civil, se habla de que las demoras son dirigidas a favorecer a un candidato, ¿qué se puede decir al respecto?
La Comisión Ciudadana de Selección es un cuerpo colegiado netamente técnico que actúa al margen de los comentarios de la opinión pública, y rechaza categóricamente cualquier afirmación malintencionada que le
atribuya intereses distintos a los establecidos en la Constitución y en la normativa aplicable. Como presidenta de la Comisión dejo expresa constancia de que no existe ninguna actuación orientada a favorecer o perjudicar a postulante alguno. Cada actuación y decisión de la Comisión ha sido adoptada dentro del marco de sus respectivas competencias y facultades, y consta en actas que son públicas. Las etapas del concurso se desarrollan con reglas previamente establecidas, y bajo mecanismos de transparencia que permiten el escrutinio ciudadano.

P. ¿Es sostenible el concurso que se lleva adelante, o sería necesario suspenderlo y volverlo a convocar?
El concurso es plenamente válido y continúa su desarrollo de conformidad con la Codificación del Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la
Fiscalía General del Estado. La responsabilidad de la Comisión Ciudadana de Selección es concluir el concurso con estricto apego a la normativa y garantizar que la designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado sea legítima y transparente.

P. Si se continua con el concurso ¿Se puede poner una fecha para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía?
En este momento no sería responsable fijar una fecha específica, porque el avance del concurso depende de que se cumplan todas las etapas previstas en la normativa, y que se resuelvan oportunamente las circunstancias que pudieren presentarse. Lo que sí puedo garantizar es que la Comisión trabaja para concluir el proceso en el menor tiempo posible, sin sacrificar la legalidad, la transparencia ni las garantías que deben observarse en un concurso de esta trascendencia.

 

 

 

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