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Cuatro escenarios tras la derogatoria del estado de excepción

Derogar el estado de excepción, que se había instaurado por las manifestaciones, deja más dudas que certezas. En eso coinciden varios analistas de seguridad. Especialmente porque al retirar esta medida, los militares no están facultados para permanecer en las calles, dejando a la Policía como único ente de orden público.

Pero esta institución ha sufrido graves afectaciones durante las movilizaciones. Y antes de ellas no contaba con el personal para salvaguardar la seguridad en Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.
Eso se reveló en los dos decretos presidenciales con que se justificaron los estados de excepción.

De hecho, en Pastaza la Policía aún no se activa al 100%. Allí se destruyó por completo el cuartel principal de Puyo. Hasta ayer, la gente y las autoridades locales decían que no cuentan con agentes.

Pese a esto, el apoyo de los militares ha sido retirado con la derogación del estado de excepción. De allí que cuatro exjefes militares han analizado la situación de seguridad del país. Ellos recomiendan estrategias que el Gobierno debe implementar para no perder el control en una posible reactivación de la violencia.

Además, ponen de manifiesto las fallas estructurales que tuvo el Estado antes de las movilizaciones que se iniciaron hace 15 días y que hasta el momento no han culminado oficialmente, pues no se ha llegado a un acuerdo con los dirigentes indígenas que lideran la protesta social.

Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército
El Gobierno debe tener claro que la protesta social no ha terminado. Tal vez estamos en un respiro, pero en cualquier momento la violencia puede reactivarse, porque no se ha atendido a las necesidades sociales. Por eso, es importante accionar con anticipación y no reaccionar después.

En el caso de Quito, la Policía y las Fuerzas Armadas deben recuperar el control de los accesos a la ciudad y realizar un control exhaustivo de las personas que ingresan a la capital. Hay que hacer operativos para detectar armas de fuego y armas blancas. En Quito hay una ordenanza que prohíbe el porte de armas blancas. Con esa base legal se debe evitar el ingreso de lanzas, cuchillos y otras herramientas que están en poder de manifestantes.

Incluso, el Gobierno debe tener un diálogo con las universidades que actúan como puntos de paz, para
que tampoco permitan el ingreso de estos objetos o insumos como gasolina, llantas, etc.

La Fiscalía ya debe iniciar todos los procesos de investigación para evitar impunidad sobre los actos de violencia.

Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia
La apreciación que tiene el Estado de que ha terminado la crisis, es equivocada. Esto va a continuar y a incrementarse porque no hay una solución. Una de las realidades mencionadas por los asambleístas, es que el presidente Guillermo Lasso tiene un pésimo nivel de asesoramiento. Lo que hay que hacer de inmediato es mejorar los sistemas de seguridad en el contexto de servicios básicos y sectores estratégicos.

Es prioritario que realice una reingeniería del Centro de Inteligencia, porque no está acorde a la realidad del país. Estas cosas se pudieron controlar con estrategias de Inteligencia y adelantarse para evitar un sinnúmero de daños y agresiones. Esa es la tarea de un buen sistema de inteligencia: prever amenazas con base en escenarios.

Lo que se ha hecho es minimizar la crisis. Hoy en día la Inteligencia está fallando y se está dedicando solo a la compra de equipos. Llevan un año así. Falta una estructura más sólida, que le diga al Presidente que en estos casos tiene que llamar al Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe). No es posible que hasta ahora este ente no se haya reunido.

Luis Altamirano, Excomandante general del Ejército y académico
Creo que no ha habido una adecuada gestión política de la crisis. Debió tratarse adecuadamente. La derogación del estado de excepción podría ser un gesto político para generar un diálogo, pero el Gobierno debe identificar las causas y raíces del problema.

Tras estos días de violencia creo que es necesario, a nivel de seguridad, que se analice las limitaciones que tienen las instituciones de orden público. Sin duda se deben fortalecer las capacidades de Policía y Fuerzas Armadas.

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Es necesario que el Gobierno empiece a escuchar más. Veo con buenos ojos que un alto funcionario del Gobierno acepte que tras llegar al poder, se fue perdiendo la prioridad de escuchar. Nada justifica la violencia de estas semanas, pero esto se pudo haber evitado a través del diálogo.

Cuando se impone medidas como el estado de excepción o medidas enmarcadas en la ley, es importante la prevalencia de la autoridad para que las disposiciones puedan cumplirse. No hay peor cosa que se emitan disposiciones que no se puedan hacer cumplir. Y esto no se ha visto.

Paco Moncayo, Exjefe del Comando Conjunto de FF.AA.
Las Fuerzas Armadas juegan un papel importante en el restablecimiento del orden público. Como mandato constitucional, los militares deben estar atentos para defender la democracia y el orden institucional establecido por el poder legítimo de las urnas. Solo así se pueden garantizar las libertades y derechos de los ecuatorianos.

También creo firmemente que el Gobierno debe asesorarse de mejor forma por los sistemas de Inteligencia. Estas fuerzas tienen que entregarle datos reales y comprobados, porque no se puede salir y decir que detrás
de las manifestaciones está el narcotráfico, sin pruebas.

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De tener esa información, se debe trasladar las denuncias a las entidades correspondientes para que sean estas las que sigan los procesos judiciales y penales.

Otro escenario  que se debe fortalecer es el apoyo entre Fuerzas Armados y la Policía. Especialmente para la defensa de áreas estratégicas de alto interés, como puertos, oleoductos, fuentes de agua, estaciones de energía, entre otros.

 

 

 El Comercio