Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

 

Hay momentos en la historia de un país en los que seguir hablando de diagnósticos, mesas de trabajo, comisiones y debates se convierte en una forma de complicidad. Cuando un paciente muere esperando una cama, una cirugía, un medicamento o una simple atención médica, el tiempo de las explicaciones terminó. Gobernar es decidir, y cuando las decisiones se aplazan, la diferencia entre la vida y la muerte la pagan los ciudadanos.

Después de casi tres años del gobierno del presidente Daniel Noboa Azín y del paso de ocho ministros y encargados del Ministerio de Salud, la realidad demuestra que el problema no era el nombre del funcionario. El problema es un sistema que continúa produciendo los mismos resultados: hospitales desabastecidos, medicamentos que no llegan a quienes los necesitan, equipos dañados o abandonados, pacientes desesperados y médicos obligados a trabajar en condiciones indignas.

Ningún gobierno puede seguir sosteniendo que está enfrentando la crisis cuando los hechos demuestran exactamente lo contrario. Los ciudadanos no necesitan discursos ni estadísticas; necesitan encontrar medicinas en las farmacias de los hospitales, atención oportuna y la certeza de que el derecho a la salud no depende de influencias políticas o de la suerte.

La pandemia del COVID-19 dejó al descubierto la cara más miserable de la corrupción. Mientras miles de ecuatorianos luchaban por sobrevivir, hubo quienes hicieron fortunas negociando con la necesidad humana. Ese fue el momento en que el Estado debió declarar una guerra sin cuartel contra las mafias enquistadas en el sistema de salud. No ocurrió. Y las consecuencias las seguimos pagando.

Resulta aún más incomprensible que un gobierno cuya familia conoce de cerca la realidad del sistema sanitario no haya logrado romper esas estructuras. La doctora Anabella Azín, médica de profesión, junto con su esposo impulsó durante años la Fundación Cruzada Nueva Humanidad para atender a miles de ecuatorianos de escasos recursos. Si alguien conoce el drama de quienes no pueden acceder a una atención médica digna, es precisamente ella. Por eso resulta inevitable preguntarse por qué ese conocimiento no se ha traducido en una transformación profunda del sistema público de salud.

Cuando la corrupción en un hospital provoca la muerte de un ciudadano por falta de medicamentos, cuando se dejan caducar medicinas mientras los pacientes las necesitan, cuando los recursos destinados a salvar vidas terminan beneficiando intereses particulares, ya no estamos frente a simples actos de corrupción administrativa. Estamos frente a conductas cuyas consecuencias son irreparables, porque el dinero robado puede recuperarse, pero una vida perdida jamás.

Por eso sostengo que el Ecuador debe abandonar la indiferencia y asumir una posición mucho más firme. Quien se enriquece con recursos destinados a salvar vidas merece enfrentar las máximas sanciones que nuestro ordenamiento jurídico permita. Y el país debe analizar una profunda reforma legal para que estos actos reciban un tratamiento excepcional, acorde con la gravedad del daño que producen a la sociedad.

No es tiempo de discursos. No es tiempo de justificar fracasos cambiando ministros cada pocos meses. Tampoco es tiempo de seguir administrando la tragedia como si fuera una rutina burocrática.

Cuando un pueblo agoniza, debatir ya no basta. Es tiempo de actuar.

Porque cada día que el Estado demora en destruir las mafias enquistadas en el sistema de salud, otro ecuatoriano puede perder la vida esperando una medicina que nunca llegó, una cirugía que nunca se realizó o una atención que jamás apareció.

Y esa realidad no admite más excusas. La historia juzgará con dureza a quienes, teniendo el poder para actuar, decidieron esperar.

Semper Fi