Dr. Jorge Alberto Norero Gonzaléz/Guayaquil

 

 

(II)

Hay muertes que pertenecen a la intimidad de una familia y hay muertes que trascienden el dolor de un hogar para convertirse en el luto de toda una nación.

Cuando un servidor público cae en el cumplimiento de su deber —sea militar, policía, bombero, paramédico o cualquier hombre o mujer que ha jurado servir a los demás— no muere únicamente un funcionario del Estado. Muere un ser humano que aceptó el riesgo de sacrificar su propia vida para proteger la de personas que, en la mayoría de los casos, jamás conocería.

Ese sacrificio merece mucho más que un protocolo oficial, una ceremonia o un discurso circunstancial. Merece gratitud, memoria y, sobre todo, reflexión.

Vivimos en una época en la que la muerte ha comenzado a perder su capacidad de conmovernos. Cada día escuchamos cifras de asesinatos, accidentes, guerras, atentados, catástrofes o víctimas de la delincuencia organizada. Las noticias pasan con rapidez, los titulares cambian y el dolor parece durar apenas unos minutos.

Nos estamos acostumbrando a contar muertos en lugar de llorar personas.

Y ese es uno de los mayores peligros que enfrenta una sociedad: dejar de sentir. Porque cuando la muerte se convierte en una estadística, la conciencia colectiva comienza también a extinguirse.

Detrás de cada uniforme existe un rostro. Detrás de cada placa hay una historia. Detrás de cada casco hay una madre que espera, un padre que ora, una esposa, un esposo, unos hijos, unos amigos y un proyecto de vida que quedó inconcluso.

Por eso las campanas deberían doblar por ellos.

Pero también por cada hombre, mujer, niño o anciano cuya vida es arrebatada por la violencia, la guerra, la delincuencia, las drogas, el abandono, la negligencia médica o cualquier otra circunstancia que una sociedad responsable tiene el deber moral de prevenir.

Cada vida perdida representa un fracaso colectivo.

Honrar a quienes mueren en servicio no consiste únicamente en colocar una bandera sobre un féretro o guardar un minuto de silencio. El verdadero homenaje consiste en preguntarnos si aquella muerte pudo evitarse.

¿Existió una planificación adecuada? ¿Contaban con el entrenamiento necesario? ¿Disponían del equipo suficiente? ¿Hubo inteligencia preventiva? ¿Las autoridades tomaron las decisiones correctas?

Cuando estas preguntas no encuentran respuesta, el homenaje pierde sentido y el dolor se convierte en indignación.

La grandeza de una nación no se mide solamente por el tamaño de su economía, la modernidad de sus ciudades o la fortaleza de sus instituciones. Se mide, sobre todo, por el respeto que demuestra hacia la vida humana y por la manera en que honra a quienes decidieron servir a los demás incluso a costa de su propia existencia.

Por eso, lo mínimo que debemos exigir de nuestras autoridades nacionales y locales es humanidad. No solo mensajes de condolencia, sino presencia, solidaridad y compromiso. Que acompañen a las familias en su dolor, que honren públicamente la memoria de quienes han caído y, sobre todo, que trabajen para evitar que otras familias vuelvan a sufrir la misma tragedia.

Porque un servidor público no entrega únicamente su tiempo, su capacidad o su esfuerzo. En ocasiones entrega lo único que jamás podrá recuperar: su vida.

Y cuando eso ocurre, la patria entera queda en deuda.

No pidamos solamente un minuto de silencio.

Exijamos toda una vida de memoria.

Porque un país que olvida a quienes murieron protegiéndolo corre el riesgo de olvidar también los valores que le dieron origen. Y una nación que pierde la capacidad de honrar el sacrificio de sus mejores hijos comienza, lentamente, a perder su propia alma.

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