Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

Las denuncias de Estados Unidos sobre empresas pesqueras ecuatorianas cuyos barcos habrían sido utilizados para transportar drogas no descubren una realidad desconocida para quienes conocen el sector marítimo. Lo verdaderamente preocupante es otra cosa: ¿cómo puede funcionar durante años una operación ilícita de esta magnitud dentro de un sistema que, en teoría, controla cada movimiento de una embarcación?

Un barco no desaparece del mapa.

Tiene matrícula, propietario, tripulación, puerto de salida, autorización de zarpe, destino, carga y combustible. Y en el mar existen organismos encargados de ejercer control y vigilancia.

Entonces la pregunta inevitable es: ¿dónde está fallando el sistema?

Porque no hablamos solamente de drogas. El tráfico marítimo puede utilizarse también para contrabando de combustibles, armas, personas y otros bienes ilícitos.

Y cuando estas operaciones adquieren dimensiones internacionales, resulta difícil atribuirlo todo a la astucia de las mafias.

Aquí aparece la palabra que nadie quiere pronunciar: impunidad.

No estoy acusando a personas determinadas de ser cómplices. Eso corresponde a una investigación seria y a la justicia. Pero sí pregunto algo que el Estado debe responder:

¿Cómo pudieron operar estas estructuras sin que fallaran, simultáneamente, los controles marítimos, portuarios, aduaneros, tributarios, financieros, policiales y judiciales?

¿Quién autorizó los zarpes?

¿Quién verificó las cargas?

¿Quién controló las rutas?

¿Quién revisó los manifiestos?

¿Quién investigó los movimientos financieros?

¿Quién verificó el origen y destino de los combustibles?

¿Quién supervisó las empresas?

Y, sobre todo, ¿por qué otros países parecen conocer lo que nuestras instituciones no pudieron detectar?

La caricatura publicada días atrás por Expreso, con dos embarcaciones intercambiando combustible, puede ser sátira. Pero precisamente por eso resulta incómoda: pone el dedo sobre una realidad que el país lleva demasiado tiempo evitando mirar de frente.

También debemos preguntarnos por qué el Código PBIP, diseñado precisamente para elevar los estándares de protección y seguridad portuaria, no se aplica con la rigurosidad que exige la realidad criminal que enfrenta el Ecuador.

Ya no sirven las explicaciones de siempre.

Después de casi tres años de gobierno, no basta con culpar a las administraciones anteriores. Quienes gobiernan hoy deben responder por lo que ocurre hoy.

Los ministros responsables de seguridad, defensa, pesca y sectores estratégicos tienen que explicar al país qué sabían, qué detectaron, qué hicieron y cuáles fueron los resultados.

Porque si una mafia puede mover drogas y combustibles por el mar durante años, el problema ya no es solamente la mafia.

El problema es el sistema que permitió que la mafia navegara.

Y cuando demasiados controles fallan al mismo tiempo, la pregunta deja de ser solamente quién cometió el delito.

La pregunta de Estado es quién permitió que fuera posible.

Semper Fi
24/8/2026
[13:25, 26/9/2026] Don Antonio: Opinión para mañana del Dr.Jorge Norero Gonzalez/Guayaquil