Opinión

Cualquiera debe poder decidir sobre su propia vida

Daniel Robles concertó una cita con el Servicio de Administración Tributaria de México el 28 de junio para inscribirse en la base de datos de contribuyentes y obtener su firma electrónica. Había estado trabajando como columnista invitado para el medio de noticias sobre discapacidad Yo También, donde publicó un artículo en el cual explicó cómo se comunica moviendo los ojos: hacia arriba significa “sí”; hacia abajo “no”.

Para que le pudieran pagar su trabajo, necesitaba una firma electrónica. Todo iba bien hasta que las autoridades le preguntaron si podía firmar un formulario por sus propios medios, a lo cual respondió que necesitaba apoyo porque tiene parálisis cerebral. Para su sorpresa, le dijeron que, como no podía firmar de manera autónoma, la administración tributaria no tenía modo de determinar si podía asumir responsabilidades como contribuyente y le propusieron dos opciones: (1) conseguir un certificado médico en el que se indicara que tenía la capacidad necesaria, o (2) designar a su madre como tutora para que firmara a su nombre. Ambas opciones son discriminatorias hacia las personas con discapacidad.

La experiencia de Daniel no es una excepción. Al menos 7 millones de personas con discapacidad corren el riesgo de ser relegadas por autoridades, que tienen la facultad de cuestionar su capacidad para tomar decisiones. La Suprema Corte de Justicia de México ha resuelto que la interdicción es discriminatoria e inconstitucional. Sin embargo, el marco de la legislación civil de México aún no reconoce que las personas con discapacidad cuentan con plena capacidad legal y derecho de tomar decisiones con apoyo, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Los expertos han descrito la capacidad jurídica como un “derecho umbral”, que nos permite ejercer casi todos nuestros derechos fundamentales, por ejemplo, a recibir atención de la salud, a contraer matrimonio, a tener hijos, a tener bienes y a asociarnos con otras personas. La importancia de la capacidad jurídica pone de relieve la necesidad de contar con un marco de legislación civil que trate a las personas de manera justa.

Afortunadamente, los actuales debates sobre un nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares son una excelente oportunidad de transformar de manera radical el marco sobre capacidad jurídica. Cuando se presentó la primera iniciativa en diciembre de 2021, más de 250 organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de derechos humanos y expertos en derechos de las personas con discapacidad señalaron que en él se establecía un modelo de sustitución en la toma de decisiones que resultaba problemático, en tanto permitía que alguien tomara decisiones en nombre de otra persona, privando a esta de su derecho de hacerlo, como en la interdicción.

Un grupo de organizaciones y académicos internacionales y mexicanos crearon una coalición llamada Decidir es mi Derecho y elaboraron una versión alternativa del capítulo sobre capacidad jurídica, que se presentó a la Comisión de Justicia del Senado. La coalición también elaboró una propuesta específica para modificar el Código Civil de la Ciudad de México y las leyes sobre notariado público como modelo para que los estados mexicanos.

El principal componente de estas propuestas es el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas adultas y del derecho a recibir apoyo para la toma de decisiones, que implica que las personas que deseen recibir apoyo para tomar decisiones jurídicas y de otro tipo puedan acceder a sistemas que las apoyen con ese deseo. Ambos documentos reconocen el derecho a recibir el apoyo necesario para comunicarse, comprender transacciones legales y sus consecuencias, y manifestar preferencias, o para otras actividades relacionadas con el ejercicio de la capacidad jurídica. Se permitiría a las personas solicitar y recibir apoyo para cualquier acto jurídico, como otorgar un testamento, casarse, solicitar el divorcio o administrar bienes. Si se aprueba la ley, las personas como Daniel podrían designar a alguien que les apoye a comunicarse, sin que se restrinjan sus derechos ni se ponga en duda su capacidad para actuar.

Pasar de la sustitución en la toma de decisiones al apoyo en la toma de decisiones demostraría que México comprende la diferencia entre capacidad mental y capacidad jurídica. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, la capacidad jurídica nunca debería estar condicionada por las habilidades cognitivas. Todas las personas deberían poder designar a una persona de apoyo para diversas actividades. De igual manera, nadie debería estar obligado a aceptar el apoyo; y este no debería ser una condición previa para ningún acto.

Las autoridades judiciales solo deberían estar autorizadas a designar a una persona de apoyo solo si no existe ninguna otra manera de saber cuál es la voluntad y las preferencias de la persona, incluso después de hacer esfuerzos razonables para conocer sus deseos. Esta persona de apoyo designada estaría obligada a actuar de conformidad con la interpretación más adecuada de la voluntad y las preferencias de la persona.

Las leyes no pueden cambiar la realidad, pero sí se precisa un marco de legislación sólido que reconozca que todas las personas tienen el derecho de decidir cómo llevar adelante sus propias vidas, sin discriminación. Daniel necesita y merece una ley que lo proteja contra personas que piensan que, como necesita más apoyo para comunicarse, no puede decidir qué es lo mejor para él.

Nuestra vida está conformada por elecciones, y todos deberían tener control sobre sus decisiones. Las personas con discapacidad no deberían estar excluidas de la posibilidad de hacer esas elecciones. La ley, en cambio, debería empoderarlas y brindarles el apoyo necesario para que puedan hacerlo.

Carlos Ríos Espinosa es investigador y abogado sénior de derechos de las personas con discapacidad en Human Rights Watch.

 

 

Los Angeles Times (latimes.com)