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Corte y Parlamento de Ecuador permite enmienda constitucional

La Constitución vigente, de 2008, solo permite una reelección, que el gobernante ya ha disfrutado, pues revalidó su mandato en las elecciones de 2013.

QUITO. La Corte Constitucional y el Parlamento de Ecuador despejaron el camino para una reforma de la Carta Magna que permitiría la eventual reelección de Rafael Correa como presidente en 2017, una posibilidad que desata el rechazo de la oposición, pese a que el gobernante no ha revelado si aspirará de nuevo al cargo.

El tribunal ecuatoriano determinó que la Asamblea Nacional (parlamento) puede tramitar la necesaria enmienda constitucional que permita la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular, pero partidos de oposición contrarios a que Correa repita en su cargo promueven una consulta en las urnas sobre esta cuestión.

Correa, elegido en 2007, había dicho que el actual mandato sería el último, pero el avance de lo que él llama la “restauración conservadora” le llevó en mayo a defender la reforma de la Carta Magna para reservarse la posibilidad de aspirar a otro más.

También movimientos de la sociedad civil ecuatoriana intentaron poner en marcha otra consulta para que se preguntara a los ciudadanos si estaban de acuerdo con los planes gubernamentales para sacar petróleo en una parte del Parque Nacional Yasuní, una reserva de alta biodiversidad en la Amazonía ecuatoriana.

Las autoridades electorales denegaron la celebración de la consulta por el insuficiente número de firmas que reunieron para ello sus promotores, encabezados por el colectivo Yasunidos, que asegura que sí tuvo las firmas necesarias y, disconforme, demandó por ello a Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En lo económico, Ecuador se integró este año en un acuerdo comercial multipartes con la UE que permitirá a los productos agrícolas ecuatorianos, salvo el banano, entrar en ese territorio europeo con arancel cero.

Además, el Gobierno prosiguió con el impulso a su política de cambio de matriz productiva, en busca de una economía menos basada en el petróleo y la exportación de materias primas y más orientada al desarrollo de la industria local con valor agregado.

Todo ello sin descuidar las relaciones con su principal socio comercial, Estados Unidos, con quien, en lo político, existen tensiones y “desconfianza mutua”, como ha reconocido Correa.

No llegó a producirse una anunciada reunión entre el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, y el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, quien fue visitado, en cambio, por la secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, con quien trató varios temas de la agenda bilateral.

Aunque el Gobierno ecuatoriano admitió que no obtuvo de ella suficientes explicaciones sobre la supuesta intervención de la CIA en un bombardeo colombiano en 2008 a una base ilegal que las FARC habían instalado en territorio de Ecuador, ambos Ejecutivos se mostraron dispuestos a mantener buenas relaciones y a cooperar en temas de educación, salud, comercio y otros.

Con la bandera de la dignidad y de la soberanía por delante, Correa no dudó en rechazar informes y pronunciamientos críticos con la situación de los derechos humanos en Ecuador emitidos por el Gobierno de Estados Unidos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por organizaciones no gubernamentales.

Y criticó la “doble moral” que, para él, representan las denuncias sobre estos temas procedentes del país autor “del criminal bloqueo a Cuba”, en alusión a Estados Unidos, que no ha ratificado el Pacto de San José, en el que se fundamenta el Sistema Interamericano.

Correa también reclamó soluciones al confinamiento en la embajada de Ecuador en Londres del fundador de WikiLeaks, Julián Assange, quien cumplió dos años sin salir de esas instalaciones, y dijo que esa situación es un verdadero ataque a los derechos humanos.

Ecuador siguió también denunciando la “mano sucia” de Chevron, la multinacional petrolera estadounidense que se niega a pagar 9.500 millones de dólares de indemnización tras ser condenada por la justicia ecuatoriana por contaminar la zona de la Amazonía en la que operó entre 1964 y 1992, aunque la compañía niega esas acusaciones. (Efe/La Nación)