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Corte Constitucional solicita a la Asamblea informes sobre amnistías

La Corte Constitucional (CC) requirió a la Asamblea que en el plazo de 15 días le remita los informes en relación a las 268 amnistías que fueron aprobadas en un solo paquete el 10 de marzo de 2022. Así se conoció este viernes 13 de mayo de 2022.

El coordinador jurídico del Parlamento, Santiago Salazar, confirmó que recibieron esta notificación el miércoles 11 de mayo, como parte del trámite de la acción de inconstitucionalidad contra la resolución.

El funcionario explicó que será enviado a la Corte todo el expediente, lo que incluye las solicitudes presentadas, la calificación en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y los informes de la Comisión especializada.

Sustentos
La acción de inconstitucionalidad fue presentada el 15 de marzo pasado por Andrés Castillo y Patricio Alarcón, líderes de un colectivo ciudadano, en rechazo a que con estas amnistías se hayan beneficiado a protagonistas de las violentas protestas de octubre de 2019.

El argumento es que la Asamblea se excedió en los límites planteados para las amnistías, en el numeral 13 del art. 20 de la Constitución, donde se señala que “no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”.

Las amnistías fueron aprobadas en un solo paquete con 99 votos a favor, en su mayoría del bloque correísta y de Pachakutik. Los asambleístas del PSC y Creo votaron en contra, mientras los de la Izquierda Democrática se dividieron.

El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, que tramitó las amnistías, es José Cabascango (PK). Aseguró que “se cumplió con el debido procedimiento” y que no le preocupa esta demanda.

“La Corte Constitucionalidad tiene la capacidad, dentro de sus funciones, de determinar si ha habido o no una violación a la Constitución”, indicó.

Cabascango afirmó que la mayoría de las amnistías ya se han ejecutado. Entre los beneficiados también figuran defensores de los derechos de la naturaleza, defensores de territorios comunitarios y por administrar la justicia indígena.

 

El Comercio