La independencia judicial y el rol de contrapeso constitucional no son un formalismo; constituyen la última línea de defensa contra la concentración del poder y la arbitrariedad de cualquier Estado constitucional de derechos y justicia.

De 56 páginas y bajo el título “Represalias del Poder Ejecutivo contra la Corte Constitucional del Ecuador: El Estado de Derecho Bajo Amenaza”, el informe sobre la crisis institucional ecuatoriana, del ‘Rule of Law Lab’ de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) recuerda que el control de constitucionalidad es indispensable para garantizar que las políticas de seguridad que emprende el poder Ejecutivo en el país se enmarquen en la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

«En democracia, la crítica a las decisiones judiciales está protegida por el derecho a la libertad de expresión y constituye un elemento fundamental del debate público”, expone el reporte. Y continúa: “los ataques del Poder Ejecutivo contra la Corte Constitucional del Ecuador y sus jueces exceden claramente los límites de la crítica legítima y constituyen amenazas a la independencia judicial».

La investigación enfatiza que someter la política de seguridad a los límites constitucionales no debilita la lucha contra el crimen organizado; por el contrario, «es una condición necesaria para que esa respuesta sea sostenible, legítima y eficaz». En esa línea, el documento reafirma que la independencia de los jueces es un pilar del sistema republicano:

“Los estados de excepción deben conservar su carácter excepcional. La política de seguridad debe permanecer sujeta a los límites constitucionales. La efectividad de esos límites depende, a su vez, de que la Corte Constitucional pueda ejercer plenamente su rol de contrapeso, sin intimidaciones ni represalias».

Ataques a la credibilidad, institucionalidad y control político de la Corte Constitucional en Ecuador
El informe categoriza las presiones desplegadas por distintos poderes de Estado en contra del máximo órgano de control constitucional, según el rol de los actores políticos:

Deslegitimación y estigmatización pública del rol de la Corte Constitucional:
● Retórica hostil: El informe denuncia que voceros del Ejecutivo y figuras afines calificaron a la Corte Constitucional como “enemiga del pueblo” o “enemigo de la ciudadanía”, articulando una narrativa que responsabilizaba a los jueces del incremento de la violencia criminal.
● Exhibición pública e intimidación de magistrados: Durante movilizaciones convocadas por el Ejecutivo, se exhibieron en vallas publicitarias móviles los rostros y nombres de los jueces constitucionales con mensajes acusatorios, exponiéndolos al escarnio y arriesgando su integridad física.

Fiscalía y Contraloría habrían sido selectivas en contra de miembros de la Corte Constitucional

El informe analiza si la Contraloría y la Fiscalía General actuaron de manera selectiva y coordinada en relación a ciertos fallos desfavorables al Gobierno:

● La Contraloría inició exámenes especiales a las declaraciones juradas de patrimonio de seis jueces constitucionales luego de que la Corte suspendiera o declarara la inconstitucionalidad de leyes impulsadas por el Ejecutivo.
● La Fiscalía abrió investigaciones previas por presunto enriquecimiento ilícito contra los jueces ponentes en los fallos que suspendieron artículos de la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública.

El Laboratorio de Estado de Derecho de la Universidad de Nueva York emitió recomendaciones para salvaguardar la seguridad jurídica y la autonomía de la Corte Constitucional en Ecuador

Al Gobierno del Ecuador (Poder Ejecutivo)
● Evitar todo acto de intimidación, descalificación pública o represalia contra la Corte Constitucional y sus jueces.
● Acatar los fallos constitucionales, en especial el Dictamen No. 1-25-EE/25 sobre la conformación de la Comisión Interinstitucional para estructurar soluciones ordinarias frente al crimen organizado.
● Respetar la autonomía operativa y financiera y abstenerse de utilizar bienes (como la sede de la Corte), presupuestos, fondos de cooperación o esquemas de seguridad como “mecanismos de presión”.
● Diseñar políticas de seguridad estructurales a largo plazo bajo el régimen ordinario, evitando el uso reiterado e indefinido de los estados de excepción.
A la Fiscalía General y Contraloría General del Estado
● Garantizar la imparcialidad de la Corte y abstenerse de iniciar investigaciones penales o auditorías patrimoniales selectivas como represalia por el sentido o contenido de los fallos emitidos.
A la Asamblea Nacional
● Respetar los límites constitucionales de fiscalización, absteniéndose de utilizar comparecencias o reformas legales para interferir en las funciones jurisdiccionales o impulsar la destitución de jueces.
A la Institucionalidad Judicial Nacional
● Defender públicamente el deber de ejercer justicia libre de injerencias políticas y activar mecanismos de protección para operadores de justicia.
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos (CIDH, OEA y ONU)
● Emitir pronunciamientos públicos, otorgar medidas cautelares ante riesgos irreparables y velar por la seguridad de jueces, defensores de derechos humanos y periodistas.

¿Qué es el Rule of Law Lab de la Universidad de Nueva York?
El Laboratorio de Estado de Derecho es un centro de investigación, documentación y litigio estratégico perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU).
● Opera como una entidad académica no partidista enfocada en el estudio y la defensa de la democracia, la separación de poderes y la independencia judicial a escala global.
● Respaldo institucional: Su labor se adscribe a la facultad de Derecho NYU Law, catalogada entre las mejores facultades de derecho del mundo por su rigor dogmático y metodológico.
● La dirección académica del laboratorio está a cargo de la profesora Amrit Singh, jurista internacional de reconocida trayectoria en el litigio de derechos humanos y el monitoreo de estándares democráticos.

 

 

 

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