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Correísmo sustentará siete causales para juicio político a Judicatura

La bancada del correísmo, con el auspicio del Partido Social Cristiano (PSC), insistirá en siete causales para pedir que el Pleno de la Asamblea llame a juicio político a tres vocales del Consejo de la Judicatura y su expresidenta María del Carmen Maldonado, en la sesión prevista para este domingo 28.

Una vez que la Comisión de Fiscalización no aprobó el informe de su presidente, Fernando Villavicencio, donde se recomendaba el archivo de esta causa, a los 137 legisladores les corresponde debatir con base a los informes de posturas de cada integrante de esta mesa.

Uno de los informes fue entregado por Gabriela Molina, Roberto Cuero y Comps Córdova, asambleístas del correísmo. Contiene 42 páginas.

En el documento se menciona que “María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno, no solo que actuaron en cumplimiento de consignas políticas, sino que además han sido negligentes en el desempeño de sus funciones, pues no han impulsado los concursos que debían ni han provisto a los juzgados del país de las mínimas condiciones materiales para operar”.

Los hechos que devienen en incumplimiento de funciones, según indican, son estos:

Proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que terminó con la destitución fuera de los periodos contemplados en la Constitución y la Ley (en 2019).

Remoción de jueces por efecto de la evaluación cuya normativa ha sido declarada inconstitucional por vulnerar el principio de tipicidad de las infracciones.

Concurso de méritos y oposición de la Corte Nacional de Justicia 2020-2021 en el cual se extralimitó en sus competencias al designar jueces y conjueces nacionales por especialidad.

Nombramiento de conjueces temporales sin respetar el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial y sin cumplir con los requisitos, como ser de categoría 8.

Concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de justicia (año 2020); modificación de parámetros para calificación de méritos, un día después de inicio de la etapa de méritos. Se altearon las reglas de juego del concurso cambiando el peso de los factores de calificación de los méritos.

Incumplimiento del proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Se mantienen hasta la actualidad en funciones dos jueces cuyos periodos culminaron en enero del 2021.

Nombramiento de fiscales provinciales encargados sin que se cumpla lo establecido en la ley.

En el desarrollo de este proceso de enjuiciamiento político, agregan, ha trascendido por varios medios de comunicación denuncias de injerencia en otras funciones del Estado y de venta de puestos dentro de la Función Judicial por parte de algunos de los vocales de la Judicatura. Aquello se está investigando por parte de la Fiscalía General del Estado, no ha sido parte de los considerandos de este informe, pero no podemos dejar de mencionar por la gravedad que ello implica, añaden.

Así mismo consta en el informe presentado por el asambleísta alterno de la socialcristiana Soledad Diab, Pablo Muentes. Sostiene que “la decisión de recomendación del juicio político se encuentra encaminada a solucionar la grave situación en la que se encuentra la Función Judicial, por la indebida administración de la Judicatura”.

Por el archivo
La recomendación de archivo de este juicio político, en cambio, la suscriben el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.) y Ana Belén Cordero (Creo). Sostienen que la interpelante, Viviana Veloz (Unes), “no ha demostrado a través de la práctica del acervo probatorio que los mencionados funcionarios cuestionados hayan incurrido en incumplimiento de funciones”.

El documento contiene 146 páginas e incluye 10 conclusiones y 13 recomendaciones. Allí se defiende la legitimidad de la evaluación hecha por la Judicatura en 2019, que derivó en la salida de 26 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

Igual criterio presentó Marco Troya (ind.), quien argumentó que “no es responsable analizar de manera superficial la sentencia de la Corte Constitucional (que declaró la inconstitucionalidad del proceso de evaluación a los jueces), y realizar interpretaciones extensivas con el fin de justificar la solicitud de juicio político”.

En tanto que, otro de los comisionados, Pedro Velasco (ind.), ratificó su abstención, en vista de un conflicto de intereses, ya que su cuñado es Édgar Flores Miel, uno de los jueces destituidos. Velasco y Troya son parte de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).

Los votos
En el Pleno se requieren de 70 votos para resolver si continúa o se archiva este pedido de juicio político. En caso de prosperar, una eventual censura y destitución de las autoridades de la Judicatura depende de 92 votos.

 

 

 El Comercio