Opinión

Control Constitucional

Gonzalo Escobar Villavicencio

Gonzalo_escobar@hotmail.com

En el año 1803, la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió un caso que se convirtió en la base para el ejercicio de lo que ellos llaman judicial review, que literalmente se traduce como revisión judicial, pero en español lo llamamos control constitucional. Este caso es uno de los más famosos en la historia: Marbury vs Madison; la decisión de la corte marco una pauta que desde entonces ha ayudado en el debate jurídico y político para definir los límites entre los diferentes poderes de un Estado. Su importancia ha repercutido en muchas naciones, de una forma u otra, y a pesar de muchos otros ejemplos de control constitucional, este en particular es vital pues en aquel entonces las teorías de la democracia moderna y su estructura eran apenas un experimento.

Primero que todo, a saber que es el control constitucional: un mecanismo jurídico para asegurar el cumplimiento de la norma suprema y el principio de supremacía constitucional, el cual recae en un organismo (en nuestro caso la Corte Constitucional), el cual realiza una revisión de las normas jurídicas, y en caso de conflicto o contradicción con la carta constitucional, las de rango inferior son invalidadas, derogadas o simplemente ignoradas, según funcione el poder judicial de un país. Y hay varias formas de control: está el control concentrado, donde solo un órgano posee la capacidad de ejercer dicha función, como en Ecuador que solo la Corte Constitucional está facultada para ello; el control difuso, en el cual varias magistraturas son capaces de ejercer dicha función; y el control mixto, como lo establecía nuestra constitución del 1998, donde existía tanto un órgano especializado (Tribunal Constitucional), como la capacidad de jueces para efectuar la revisión. Podría argumentarse que un control mixto es el preferible, como sucede en Estados Unidos, donde los jueces se ven obligados a un riguroso estudio para poder llevar a cabo sus funciones, y no se entorpece el proceso cuando este tipo de casos se presenta por tener que ser tratado por una única magistratura.

Ahora, la importancia del caso antes mencionado. Pues bueno, sucedió que al finalizar John Adams su término como segundo presidente de los Estados Unidos, este había expedido el nombramiento de varios jueces, entre ellos William Marbury como juez de paz en el distrito de Columbia, pero cuyo nombramiento no fue entregado. Llegado Jefferson a la presidencia tras derrotar a Adams, el tercer presidente estableció a James Madison como Secretario de Estado. El nuevo gobierno era Demócrata-republicano, a diferencia del anterior del cual Marbury era ardiente partidario, los Federalistas, y por lo cual se retuvo su dignidad como juez de paz. A esto, Marbury pidió a la Corte Suprema que fuerce a Madison entregar los documentos. Así comenzó el caso, y según el orden seguido en el análisis, la Corte considero las siguientes cuestiones:

¿Tiene el solicitante derecho al nombramiento que demanda?

Si lo tiene, y ese derecho ha sido violado, ¿proveen las leyes del país un remedio a esa violación?

Si lo proveen, ¿es dicho remedio un mandamiento que corresponda a esta Corte emitir?

Para resumir la historia, todo en el proceso fue afirmativo, excepto por la última cuestión. Verán, una nación que apenas iba por su tercer presidente, con una constitución, orden jurídico y Estado que aún estaban en proceso de consolidación, decidió atenerse a los principios de los nuevos sistemas de gobierno teorizados por Montesquieu, Rousseau, Sieyès, y otros. En virtud del artículo III de su constitución, que establecía la jurisdicción del poder judicial, negaron la petición de Marbury, argumentando que ésta era inconstitucional, pues pretendía extender las funciones de la corte más allá de su competencia. Tanto así que ni siquiera invalidaron la norma a la cual se había acogido Marbury, pues era competencia del legislativo crear, aprobar y derogar las leyes, así como el ejecutivo tenía la discreción a ciertos actos. En un tiempo de tan poca práctica e inexperiencia, Estados Unidos definió fuertes bases que empezaban a consolidar las funciones del estado, creando un balance de peso y contrapeso entre estas, haciéndolas respetables, balanceadas y duraderas.

Cada poder del Estado, como los conocemos hoy en día, existen para regular no solo a la ciudadanía, sino entre sí mismos, y evitar el exceso de poder. Y son tres: el legislativo para establecer las reglas de juego, el ejecutivo para administrar según éstas, y el judicial para hacer cumplir dichas reglas; y son independientes unas de otras. Más allá de esto, y exceso de dignidades dentro de estas funciones, no es más que burocracia que entorpece el correcto funcionar de un país. Es más, mientras más unidos estén, y más sean los poderes del Estado, más fácil resulta caer en una tiranía como las imaginadas en distopias tales como 1984, El Proceso, Un Nuevo Mundo Valiente o Granja Animal.

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