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Contraloría encontró irregularidades en contratos del sistema penitenciario

Contraloría halla irregularidades en contratos del sistema penitenciario

Con la crisis carcelaria, iniciada en 2019, el SNAI ha firmado 23 contratos que costaron un total de $12,2 millones.

Cerca de 400 muertos han dejado las matanzas carcelarias en Ecuador, que se registran desde 2019, pero cuyos momentos más críticos se dieron entre 2020 y 2021.

Los factores han sido identificados y se repiten una y otra vez: guerra entre narcobandas, hacinamiento, falta de guías penitenciarios, entre otros.

Una de las estrategias para contener la violencia carcelaria ha sido declarar en emergencia al sistema penitenciario. Esto ha permitido generar contratos que – según las autoridades de turno– permitirían solventar los problemas; pero también ha dado vía libre para que las contrataciones sean más rápidas y directas.

En total, desde mediados de 2019, se han realizado 23 contratos que, en conjunto, representan $12,2 millones.

Desde 2019, estos contratos no habían sido auditados. Pero en agosto de 2022, la Contraloría aprobó el informe DNA1-0081-2022, que estudia el período comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2021. En dicha auditoría, que se centra en tres de los 20 procesos y que representan inversiones por $1,9 millones, la Contraloría encontró cuatro irregularidades.

Tratos con problemas
Entre los hallazgos está un contrato del 2 de abril de 2020, entre el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y la empresa Esersum por $132.033.

El examen especial de la Contraloría determinó que la empresa debía entregar materiales de ferretería enfocados en reparación de las prisiones a escala nacional.

La Contraloría halló que 201 ítems no fueron entregados y que no se suscribieron actas de recepción. Sin eso, comprobar si los materiales se entregaron no es posible. En total, un 97% de los artículos no cuentan con detalle de recepción.

También constan inventarios incompletos, con respecto a los contratos lanzados.

En mayo de 2019, la empresa Reindustrial recibió un pago de $508.718 por pertrechos (equipo de seguridad personas) para los agentes en las cárceles. Esto pese a que no se tiene la constancia de la documentación de la empresa en su oferta para saber si los materiales, como por ejemplo esposas, cumplen con las especificaciones o necesidades técnicas.

En otros contratos también se ha encontrado que la documentación llegó incompleta y que no hubo definición de valores referenciales.

Los hallazgos corresponden al SNAI, durante el Gobierno de Lenín Moreno, cuando el director de la institución era Edmundo Moncayo.

Una de las estrategias para determinar las falencias sociales y estructurales, de la actual gestión es el censo penitenciario que se realizará hasta noviembre.

Reducir el hacinamiento es el principal objetivo
Para mejorar sus condiciones de habitabilidad y lograr una mejor administración de las cárceles, el Gobierno realiza el primer censo de la historia en las 36 prisiones del país.

El director del SNAI, Pablo Ramírez, detalló que uno de los principales objetivos es que el hacinamiento sea “cero” a final de año.

En ese sentido, destacó que la tasa actual de hacinamiento en el conjunto de las 36 prisiones que tiene el país es de 7,52%, prácticamente veinte puntos menos que a finales del año pasado.

“El hacinamiento es nuestro principal objetivo”, refrendó Ramírez.

Esta reducción se está logrando a través de un programa de libertades condicionales y de indultos a presos condenados por delitos menores que hayan cumplido la mayor parte de la pena, a través de los que se han excarcelado entre 4.000 y 4.500 reos.

No obstante, Ramírez admitió que hay cárceles con un hacinamiento aún alto, donde se llega al 20%, 30% e incluso 50%, ya que hay presos que piden permanecer en ellas por cercanía a sus familias o porque están procesados en esas jurisdicciones.

 

 

 

 Diario La Hora