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Contraloría aprobó un IRP por irregularidades en la compra de bonos soberanos en Seguros Sucre

El organismo de control estima en más de USD 11 millones la posible afectación a Seguros Sucre por la adquisición de Bonos Globales 2024, realizada en 2015. La aseguradora no recibió los intereses de la inversión e incurrió en gastos legales para  localizar y recuperar los recursos. Por estas irregularidades, se aprobó un informe con indicios penales.

La Contraloría General del Estado (CGE) examinó la administración del portafolio de inversiones de Seguros Sucre S.A. entre 2015 y 2021. Auditoría determinó que la aseguradora compró Bonos Globales 2024, emitidos por el Estado ecuatoriano, pero no existen documentos que respalden la propiedad y titularidad de la aseguradora sobre esa inversión.

La entidad realizó la adquisición a través de la Casa de Valores del Pacífico S.A. (Valpacífico S.A.), en diciembre de 2015, por un valor nominal de USD 8’375.000, en una operación extrabursátil y no mediante el Registro del Mercado de Valores o el Registro de las Bolsas de Guayaquil y Quito.

Valpacífico empleó como custodio a una empresa extranjera, que no tiene ninguna relación comercial con Seguros Sucre, en lugar de utilizar al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores S.A. (Decevale S.A.) o al Depósito Centralizado de Valores del Banco Central (DCV BCE), vulnerando las cláusulas del contrato de administración del portafolio de inversiones de la empresa estatal.

Seguros Sucre no dispone de los bonos y no recibió los intereses generados entre el segundo semestre de 2017 y el 31 de julio de 2021 (corte del examen especial), por USD 2’338.869,17. Hasta esa fecha la aseguradora no pudo establecer la ubicación y quién ejerce la custodia de los bonos, por lo que incurrió en gastos administrativos, legales y operativos, por USD 410.736, para su localización y recuperación.

En total, se estima que la posible afectación a los recursos públicos administrados por Seguros Sucre asciende a USD 11’124.605, monto que corresponde al valor de la inversión inicial, más los intereses generados y el costo de ubicar los bonos. Estas irregularidades derivaron en la aprobación de un informe con indicios de responsabilidad penal, que será remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el trámite respectivo.