Jiménez y Villavicencio fueron sentenciados a dieciocho meses de cárcel, pero la condena fue reducida después a doce meses con la entrada en vigor del nuevo Código Penal.

QUITO.  Tres ciudadanos ecuatorianos que fueron condenados por injuriar al presidente Rafael Correa anunciaron hoy que dedicarán sus esfuerzos a conseguir que su caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y también a la de La Haya.

Así lo anunciaron en una rueda de prensa un día después de que se conociese que prescribieron las penas de un año de prisión impuestas a dos de los sentenciados por injurias a Correa: el exlegislador opositor Clever Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio.

Ambos, que estuvieron en la clandestinidad hasta hoy, fueron condenados junto al médico Carlos Figueroa, quien quedó en libertad en enero tras haber cumplido una condena que en su caso fue de seis meses de prisión.

«Sé que Clever y Carlos nos van acompañar, continuaremos con la acción en la Comisión Interamericana hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se sancione y castigue a los responsables de esta persecución», dijo Villavicencio en una rueda de prensa junto a Jiménez y Figueroa.

Los tres fueron condenados por lanzar acusaciones contra Correa, sin pruebas, en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.

Ese día el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno considera un intento de golpe de Estado.

Los condenados, que llevaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusaron a Correa ante la Fiscalía de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.

En marzo de 2014 la CIDH concedió medidas cautelares en favor de los condenados en una resolución en la que pidió al Estado ecuatoriano que suspendiera la ejecución de la sentencia contra ellos, dictada en enero de ese año por la Corte Nacional de Justicia.

Sobre esas medidas, que el Gobierno ecuatoriano rechazó por considerar que la CIDH carece de competencias para dictarlas, Correa dijo que los autores de tal dictamen «están locos» y calificó de «inaudito» tal hecho.

«De acuerdo a estos genios una denuncia penal acusando al presidente de la República de criminal de lesa humanidad con total mala fe, falseando los hechos» es una manifestación «de libertad de expresión», dijo Correa entonces.

Villavicencio dijo hoy a Efe que el próximo mes viajará a Washington para, junto a sus abogados, «exigir que el caso suba de la CIDH a la Corte».

«El objetivo es ir a la Corte Interamericana y pedir una sentencia en contra del Estado», añadió al considerar que haber desacatado el fallo de la CIDH (en referencia a las medidas cautelares dictadas en favor de los condenados) es «un elemento muy duro contra el Estado ecuatoriano».

Jiménez añadió en la rueda de prensa que también llevarán el caso del 30 de septiembre ante la Corte Penal Internacional de La Haya para que esa instancia «investigue a profundidad y nos dé un baño de verdad al país y al mundo de lo que realmente pasó» ese día de 2010. (Efe/ La Nación)