Economía

‘Con machetes, gasolina y cubiertos los rostros, grupo amedrentó a comunidad’, lo que pasó en Sigchos por consulta ambiental que espera resultado de audiencia

Quienes se oponen a la minería y desde el Estado se contó la violencia que hubo entorno al proceso de consulta ambiental que se intentó realizar en marzo para el proyecto minero La Plata, en el cantón Sigchos-Cotopaxi. La diferencia: en qué lado se originó.

La audiencia de acción de protección que frenó el proceso se retomó el 20 de mayo y en ella los demandantes calificaron a la consulta ambiental de represiva, hostigante y de infundir temor en la población, apelando a la entrada, militarización y presencia policial que hubo en la zona y también de civiles con palos y cuchillos a partir del 7 de marzo en el territorio de Palo Quemado que habrían amenazado a las personas que se oponen a este proyecto minero y montado retenes en las localidades de: Las Minas, Santa Rosa, San Pablo, con vehículos sin placas, en donde encapuchados que portaban armas exigían documentación a los pobladores, sin portar uniforme, credenciales ni una orden judicial, aseguró esta parte.

Y que en los procesos de socialización del Ministerio del Ambiente para el proyecto que tiene a cargo la empresa Atico Mining, sus pobladores no fueron consultados.

Versión oficial

De su lado, el Ministerio de Ambiente a través de la abogada Karla Solano indicó que la minera canadiense realizó su regularización y estudio de impacto ambiental en 2021, donde según el censo del 2010 la población se considera mestiza y que no hay comunidades indígenas en las áreas de influencia directa o indirecta.

Que los recintos San Pablo y Las Minas de la Plata son las áreas de influencia directa de la concesión minera, y que Palo Quemado es un área de influencia indirecta. Y explicó que la presencia policial y militar en la zona se debió a un llamado por parte de 44 ciudadanos que solicitaron resguardo para el proceso de participación ciudadana.

Explicó que se trata de una consulta ambiental, donde todas las personas en el territorio de influencia directa de la concesión deben ser consultados. No una consulta prelegislativa que se realiza con comunidades indígenas sobre proyectos de ley que les afectan, ni de una consulta previa que es un derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre decisiones que les conciernen.

Esta y otras carteras de Estado pidieron que se revoque en sentencia las medidas cautelares otorgadas en este proceso.

Actuación de fuerza pública

Desde el Ministerio de Defensa se agregó que, los accionantes no presentaron ningún elemento probatorio sobre la supuesta afectación o vulneración de parte de las Fuerzas Armadas a la integridad física y psíquica de alguno de los ciudadanos que accionaron en la comparecencia. Que solo cumplieron su función constitucional de brindar seguridad y protección ante acciones de disturbio y violencia entre personas pertenecientes al cantón Sigchos. De la misma forma el representante de Ministerio del Interior sostuvo que los policías desplegados actuaron acorde a su función de precautelar el orden, que también fueron heridos y que las protestas de los manifestantes no eran pacíficas.

Mientras que el presidente de la comunidad de San Pablo, Rodrigo Changoluisa, dijo que en sus territorios se presentaron un grupo de personas no identificadas, a bordo de camiones, con garrotes, machetes, gasolina y cubiertos los rostros, y que este grupo de personas amedrentó a su comunidad con amenazas de muerte, en caso de apoyar a la socialización del Ministerio del Ambiente.

Por lo que, desde su comunidad solicitaron ayuda a la Policía Nacional y FF. AA., para que se constate la socialización, donde indicó estar conforme con las aclaraciones que obtuvo de ese proceso: que no se explotará la cordillera del Tigre, que no se secará el agua, que no se devastará los terrenos propios de los pobladores, la huella en la que se va a trabajar es de 144 hectáreas, y que las aves y animales serán reubicados en otras áreas.

La abogada de Presidencia, Denisse Andino, desligó que el presidente de la República tenga vinculación con la demanda de los accionantes, y que cualquier acuerdo de inversión “no constituye un compromiso vinculante entre las partes, es decir, que no existe obligación de concesión ni ningún derecho que se le haya otorgado a ninguna de las mineras”.

Minera: No hay nombre de afectados

La minera Atico Mining sostuvo que la concesión minera tiene 20 años desde que fue otorgada y es un proyecto de mediana minería, asimismo, señaló que la demanda presentada incumple ciertas leyes, como no señalar el nombre de los afectados, y que el alcalde de Sigchos, Oscar Monge, no puede representar a todo el cantón sin identificar a las víctimas.

Y concluyó con que en el área de influencia del proyecto La Plata no existen comunidades indígenas, por lo tanto, no es aplicable la consulta previa, libre e informada. Que no existen afectaciones a los derechos de la naturaleza. Y que las personas que cuestionan la posible afectación de recursos hídricos se encuentran aguas arriba y en unidades hidrográficas diferentes. Mientras que, para cualquier impacto en flora y fauna se encuentran previstas medidas de prevención o mitigación.

A la espera de resolución

Tras un receso el grupo accionante presentó un Drive como supuestas pruebas de la vinculación de una empresa al proyecto y de habitantes de Las Palmas. Además, pedían que se den número y nombres de los uniformados que participaron.

El juez rechazó esas pruebas al no tener relación a los hechos controvertidos, aludió que se discute de manera categórica es la consulta previa, consulta ambiental y vulneración de los derechos de la naturaleza. En cuanto a las denuncias por criminalización, indicó que la Fiscalía deberá investigar y determinar si estas personas participaron o no en un hecho delictivo.

Otras pruebas presentadas por parte de los demandantes sí fueron admitidas. El juez señaló que algunas de las pruebas indicadas por parte de la minera no fueron adjuntadas y admitió que se las adjunte.

Tras nueve horas se suspendió la audiencia y se volverá a reprogramar. Mediante providencia se determinará la nueva fecha en los siguientes días.

Esta audiencia se realizó de manera telemática desde la Unidad Judicial Multicompetente en el cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi. A su vez, decenas de comuneros asistieron en apoyo a las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas, en las afueras del establecimiento.

Esta audiencia se instaló después de ser suspendida por tres ocasiones, en su cuarta fecha ya se instaló. La acción de protección con medidas cautelares rige desde el 25 de marzo, y seguirá en pie hasta que el juez emita una sentencia.

Fuente: www.kchcomunicacion.com