Luis Hidalgo Vernaza

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Nuestro país y en general el mundo es una vorágine de noticias casi todas negativas; siempre vinculadas con catástrofes, asesinatos, tráfico de drogas, corrupción en el sector público, etc…, se originan igual como resultado de guerras intestinas de origen religioso, que se convierten en migraciones monumentales.

Los temas para desarrollar podrían ser múltiples, pero como la censura es cada día mayor en el país, se tiende a cuidar los términos utilizados, no tanto por lo personal, sino por el compromiso al medio que las publican.

En las últimas semanas, una vez más, medios escritos han sido objeto de sanciones por publicaciones que la SENACOM considera fueron difundidas sin que exista la debida comprobación o sustento. La prensa es acosada y desprestigiada desde el Ejecutivo, como de los múltiples organismos del Estado.

Se ha vuelto cosa de todos los días el exigir rectificaciones, desde que la Ley Orgánica de Comunicación entró en vigencia hace aproximadamente dos años. La Superintendencia de Comunicación abre expedientes siempre aduciendo que los temas publicados tiene algún tratamiento morboso o que lo reseñado está fuera de contexto y alejado de la verdad.

En el supuesto no consentido de que una información se publique sin contener todos los datos que debería tener, los medios siempre han estado dispuesto a rectificar cuando lo han solicitado. En la actualidad parecería que se está a la caza de todo error en función de la Ley mordaza, desprestigiar a los medios y enfilar cañones contra la libertad de prensa.

Las audiencias de sustentación a la que se someten los medios, tienen la característica de que quien denuncia es a la vez el que juzga, por lo que es prácticamente imposible que exista legalidad, peor transparencia. Los defensores de los medios han calificado de sainete dichas audiencias y se han retirado para interponer otros recursos ante la justicia ordinaria, a pesar de que los resultados son conocidos.

Lo risible es que no ha todos se lo mide con la misma vara, es el caso de un canal incautado, donde a su director de noticias y dos de sus presentadores, son sancionados con una amonestación escrita: “previniéndolos de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas informativas para el pleno y eficaz ejercicio de los derechos a la comunicación”. Al medio se lo multa con dos remuneraciones básicas por no entregar dentro del plazo legal copias de una grabación solicitada por el Presidente del Banco Bolivariano.

Cabe indicar, que no se toma en cuenta en la sanción al canal incautado, que esta se debió a una grabación de un rumor sobre un supuesto feriado bancario y una presunta absorción del Banco del Pacífico, entidad estatal, con el Banco Bolivariano. El presidente Correa condenó y advirtió que se castigaría muy fuertemente a cualquier persona que corra rumores falsos que pongan en peligro la dolarización y la estabilidad del sistema financiero, pero como se ve no a todos se los mide con la misma vara…

Las sanciones y persecución a la prensa ecuatoriana, coincide con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a Venezuela que restablezca la frecuencia que no renovó a RCTV, y que cerró el gobierno de Chávez; además se ordena el pago a los accionistas y trabajadores como una acción Compensatoria. La justicia tarda pero llega.

Hace pocas horas la SECOM notificó con el inicio del proceso de disolución a Fundamedios, por supuestamente divulgar y promocionar contenidos de carácter político, racial y religioso, temas prohibidos en el reglamento del sistema unificado de Información de Organizaciones Sociales. Un atropello más.

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