Actualidad

Comisión que investigaba a Ana Galarza no encontró causales para su destitución

Asambleístas aducen que no se encontró causales para probar la gestión de cargos públicos por parte de la legisladora

La Comisión tripartita que investigaba las denuncias en contra de la legisladora de CREO, Ana Galarza, concluyó en su informe que la asambleísta no incurrió en la causal de destitución determinada en el artículo 163 de la Ley de Función Legislativa, referente a la gestión de cargos públicos. Esta moción fue aprobada con dos votos a favor, por parte de Raúl Tello y María de Lourdes Cuesta. Por su parte, Amapola Naranjo confirmó que presentará un informe de minoría para que se reconsidere su destitución.

Con dos votos a favor, de Raúl Tello y María de Lourdes Cuesta, la Comisión Multipartidista que investigó la denuncia del asambleísta Ronny Aleaga Santos en contra de Ana Galarza, aprobó el informe por el cual recomienda al Pleno de la Asamblea remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL) el expediente para que aplique una sanción administrativa, por uso indebido de la tarjeta electrónica de su asesora, Carmen Victoria Alvarado.

El informe concluye que el denunciante no demostró la existencia de la causal prevista en el artículo 163, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre gestionar nombramientos de cargos públicos, que se atribuía a la asambleísta Ana Galarza, en favor de su excolaborador Lenin Rodríguez.

Se aclara que existen diferencias sustanciales entre los términos, referencia, recomendación y gestión, pues en este caso, lo único que habría existido sería una referencia solicitada por la legisladora Jeannine Cruz, sobre el comportamiento profesional y laboral del señor Rodríguez.

El presidente de la Comisión, Raúl Tello, destacó que en la investigación de este caso se garantizó el debido proceso para cada una de las partes. En el caso del denunciante, se admitieron pruebas que inclusive no tenían relación con la causal invocada inicialmente, sobre la supuesta gestión de un cargo público.

Añadió que este organismo cumplió con el mandato del Pleno de la Asamblea, pero no puede asumir competencias que corresponden a otras instancias, como por ejemplo, dar paso a actuaciones de carácter judicial como la revisión de firmas por peritos y otros, que corresponden a los operadores de justicia.

(PF)

Fuente: Asamblea Nacional – Ecuadorinmediato