Comisión de justicia se pronunciará sobre veto a reformas al COIP
La disposición final, plantea que la ley entre en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
QUITO. El asambleísta Gilberto Guamangate, representante de la provincia de Cotopaxi, manifestó que la Comisión de Justicia, de la cual es parte, a través de su presidente, Mauro Andino, convocará a sesión para conocer el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y preparar el informe no vinculante, la próxima semana.
Recordó que el organismo y luego el Pleno determinaron sanciones ejemplarizadoras para las personas que conducen en estado de ebriedad y provocan accidentes de tránsito con daños materiales. En este contexto, el Ejecutivo es del criterio que las sanciones sean de forma proporcional tomando en cuenta los daños causados, lo que clarifica el texto de la normativa, argumentó.
Según un comunicado de la Asamblea, el Ejecutivo plantea cambios al artículo 6 y la disposición final. El artículo 6 se refiere a la sanción con pena privativa de libertad de 30 a 180 días por manejar un vehículo a motor bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
«El razonamiento que hace el Ejecutivo es que en este artículo se hace distinción de sanciones sobre la base el costo de la reparación de los daños, sin un principio de proporcionalidad», detallan en el comunicado.
Explican que «si la tarifa de reparación es mayor a dos salarios básicos unificados del trabajador, la sanción será en la misma proporción, es decir, $708, tomando en cuenta que la remuneración básica unificada en el Ecuador es de $354. En este caso la reducción de los puntos en la licencia de conducir será de seis. En cambio, si el costo excede los seis sueldos básicos unificados la sanción es de cuatro mensualidades básicas ($1.416) y la reducción de nueve puntos», argumentan.
En todo caso, dijo que previamente la bancada de Alianza País deberá adoptar una posición al respecto, al igual que lo harán, las demás organizaciones políticas, tras subrayar que el Primer Mandatario ha respetado el articulado aprobado por la Asamblea relativo a la tipificación del delito de falsificación de marcas y la piratería que atenta contra los derechos de autor y la propiedad intelectual en general. (Asamblea Nacional/DO/La Nación)