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Comisión continuará mañana estudio de reformas a la Ley del ISSFA

Únicamente podrá solicitar la respectiva baja voluntaria de la institución para acogerse al retiro

QUITO. La presidenta de la Comisión del los Derechos de los Trabajadores, Marllely Vásconez, convocó a los asambleístas para este miércoles 21 de septiembre, a las 15:00, con el propósito de proseguir el tratamiento del proyecto de reformas a las Leyes de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de Pensiones de las Fuerzas Armadas, previo la elaboración del informe para segundo debate.

El presidente de Rafael Correa en la exposición de motivos, de esta iniciativa resalta que los criterios de solidaridad y equidad en la regulación y aplicación del sistema constituyen parte sustancial del mismo. Lo que implica que la regulación y satisfacción de contingencia debe superar y eliminar condiciones que permitan perpetuar inequidades y discriminaciones que se constituyen, en situaciones que facultan la perviviencia y transmisión de la pobreza, evitando también la existencia de prestaciones de carácter regresivo.

El documento sustenta que estos sistemas de seguridad social deben ser regulados por el Estado, además, que “constituyen un sistema público, integrado y social y forman parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social”.

El 1 de septiembre pasado, el Pleno de la Asamblea lo trató en primer debate. La norma busca un sistema de seguridad social sostenible en el tiempo, haciendo ajustes a las pensiones de los servidores públicos de estos sectores que son parte de un régimen especial de la seguridad social.

Se determina que el seguro de retiro es la prestación que consiste en el pago de una pensión vitalicia en dinero asegurado que se separa de manera obligatoria mediante la baja del servicio activo en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional habiendo acreditado un mínimo de veinte años de servicio activo y efectivo en la institución y cumplido los requisitos establecidos en la ley.

Únicamente podrá solicitar la respectiva baja voluntaria de la institución para acogerse al retiro, el miembro en servicio activo que haya acreditado más de veinte y cinco años de servicio activo y efectivo en la institución.

Según el proyecto, la base para el cálculo de las pensiones de retiro se determinará tomando en cuenta el promedio de los sesenta mejores haberes militares y policiales registrados hasta la fecha en que se produce la baja. (Asamblea/La Nación)