Internacional

Colombia, el acuerdo de paz y la persistente violencia

Los llamados a implementar de manera integral el Acuerdo de Paz firmado en 2016 se suceden desde hace tiempo en Colombia, país que padece una violencia que victimiza a líderes sociales, indígenas y exguerrilleros.

La insistencia en ese sentido, viene desde diferentes sectores que subrayan la urgencia de lograr una paz total y definitiva con justicia social.

Precisamente, a principios de este mes congresistas colombianos que defienden la implementación del Acuerdo negociado en La Habana y firmado en 2016 por el Estado y la exguerrilla FARC-EP, se pronunciaron por ‘no enredar la paz’.

Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional y presidente de la Comisión de Paz del Senado, afirmó que cumplirle a la paz es invertir en los departamentos más lastimados por el conflicto.

Por ello, instó a invertir más para cumplir las metas de desarrollo en esos territorios, al tiempo que el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que el Ejecutivo mantiene su voluntad de implementar los acuerdos y de garantizar la seguridad de los dirigentes de la antigua insurgencia que se acogen al proceso.

Angélica Lozano, senadora por el Partido Alianza Verde, señaló que el 57 por ciento de las normas indispensables para implementar el Acuerdo, no se han presentado.

Es clave que nos sentemos en una mesa todos los partidos y el Gobierno Nacional a construir esos proyectos, la prórroga de la ley de víctimas, la ley de tierras, la jurisdicción agraria, el tratamiento penal especial para los cultivadores, enfatizó.

Por su parte, Wilmer Leal, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, expresó que la meta de lo pactado es entregar y formalizar 10 millones de hectáreas a campesinos. En el primer año del Gobierno de Iván Duque, se han registrado 73 mil hectáreas, lo que representa un 8,7 por ciento de lo que deberíamos estar haciendo, puntualizó.

Hace solo unos días, Oscar Montero, asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), declaró a Prensa Latina que es fundamental que el Estado garantice la plena implementación del Acuerdo de Paz, en un contexto de violencia contra las comunidades nativas.

Hoy por hoy no tenemos una garantía real y efectiva de la implementación y el cumplimiento de lo pactado en La Habana, subrayó.

A su juicio, para poner fin al genocidio en tiempo de paz que estamos viviendo los pueblos indígenas, el Estado tiene que buscar, de manera consultada y concertada con las comunidades y territorios, la implementación del Acuerdo de Paz y también lo que hay en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

Unido a ello, las comunidades afrodescendientes demandaron una presencia integral del Estado en sus territorios, en un contexto marcado por amenazas, asesinatos y, en general, violaciones de sus derechos humanos.

Sabemos que hay situaciones complejas por la existencia de proyectos de explotación minera y también proyectos de otro tipo de economía ilegal como los cultivos de uso ilícito que se han incrementado en los últimos años porque el Estado no hace una presencia integral en el territorio, expresó Clemencia Carabalí, miembro de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca.

Hay una serie de instrumentos y de herramientas que si el Gobierno los combina y los aplica de manera efectiva podría haber avances significativos en materia de preservación de nuestras vidas, nuestros territorios y derechos, y en materia de construcción de paz, subrayó.

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PRENSA LATINA