CNEL, corrupción estructural.
Dr Jorge G. Alvear Macías/Guayaquil.
El caso CNEL no debe leerse como un operativo policial espectacular ni como una jugada política de alto impacto mediático. Si lo revelado por Fiscalía y el Gobierno se confirma judicialmente, el país estaría frente a algo más grave: adentro de una empresa pública estratégica operó una estructura que manipuló sistemas de facturación, para alterar deudas y generarle perjuicios millonarios.
Lo inquietante no es solo el monto del perjuicio. Es que el Estado haya convivido con redes delincuenciales en una de sus instituciones, capaces de convertirlas en plataformas de atraco. Según fuente oficial, la investigación detectó funcionarios con sueldos cercanos a $ 1.000 mensuales que, sin embargo, tenían patrimonios millonarios.
Y CNEL no aparece de la nada. Antes estuvieron Petroecuador y la ANT. También las repetidas denuncias sobre contratación pública, IESS, gobiernos seccionales, mafias judiciales y operadores enquistados en el aparato estatal. No se trata de afirmar que todo el Estado esté corrompido. Pero sí de admitir que los patrones repetidos ya no son hechos aislados.
El caso CNEL es una verdad incómoda: el crimen organizado también infiltra sistemas administrativos, contratación pública y circuitos burocráticos de donde obtiene dinero, protección e impunidad.
Merece atención otro elemento: detrás de investigaciones como la comentada suele haber alguien que rompió el silencio. En este caso apareció un delator referido públicamente como “Pablo”. Lo relevante es el símbolo que representa “Pablo”. Ninguna estructura mafiosa enquistada durante años puede desmontarse
únicamente desde afuera; casi siempre requiere que alguien desde dentro decida hablar.
Ecuador necesita más “Pablos” en empresas públicas, municipios, hospitales, entidades de control y hasta en la propia Función Judicial. Pero para que aparezcan, el Estado debe ofrecerles protección, reserva y confianza de que denunciar no significará persecución o desgracia personal.
Pero se necesita más. Un mecanismo similar a la Cicig, organismo autónomo, con recursos económicos propios, investigadores, analistas financieros y expertos internacionales especializados para enfrentar redes incrustadas en instituciones públicas. No el pequeño grupo de asesores extranjeros que tuvimos en el 2019 con Lenín Moreno, dependientes del Ejecutivo, sin autonomía, sin dinero ni estructura investigativa y sin la infraestructura necesaria para enfrentar redes complejas.
De tal manera, que, si se confirman las redes de corrupción en CNEL, sostenidas en más de una década, el país tendría que aceptar que la depuración institucional ya no puede depender únicamente de nuestros esfuerzos dispersos ni de operativos episódicos.
Es loable que el presidente Noboa haya asumido el costo político de confrontar estas estructuras. Pero la magnitud del desafío requiere de un paso más institucional: impulsar una Cicie, una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en el Ecuador, respaldada por la ONU, con autonomía operativa y capacidad técnica real.
No para sustituir al Estado ecuatoriano, sino para ayudar a rescatarlo de redes que, si las sospechas actuales se confirman, llevan demasiado tiempo operando desde dentro.