El plazo de tres días que tenía el Consejo Nacional Electoral (CNE) para resolver el recurso de corrección presentado por Unidad Popular (UP) venció el 3 de mayo de 2026 sin una decisión. La organización había solicitado revisar su cancelación del registro político, dispuesta el 26 de abril.

El presidente de UP, Geovanny Atarihuana, sostuvo que, al no pronunciarse dentro del tiempo legal, la resolución “carece de eficacia jurídica”, por lo que el movimiento debería mantenerse habilitado para participar en las elecciones de noviembre.

El recurso fue ingresado el 30 de abril y está contemplado en el Código de la Democracia, que obliga al CNE a resolver en un máximo de tres días. Sin embargo, la falta de votos y la ausencia de una consejera impidieron que el pleno tome una decisión.

Para la exasesora del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Mónica Bolaños, al no existir un acto administrativo ejecutoriado, UP debería constar en el registro de organizaciones habilitadas.

Además, advirtió que cualquier intento del CNE de retomar el caso fuera del plazo podría carecer de competencia legal.

En paralelo, el movimiento Construye también busca revertir su cancelación ante el TCE, mientras el CNE prevé publicar la lista definitiva de organizaciones habilitadas hasta el 31 de mayo.

 

 

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