Mientras avanza el proceso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar al nuevo fiscal general, una comisión cívica que da seguimiento al concurso advirtió irregularidades en cinco de los 27 postulantes admitidos.

Según el informe, José Javier De La Gasca López-Domínguez habría presentado un formato incorrecto en la declaración de conflictos de interés, lo que invalidaría el documento. En el caso de Luis Augusto Rosero Méndez, no consta el certificado que acredite no haber ejercido cargos de elección popular ni funciones partidistas.

También se observaron inconsistencias en los expedientes de Rubén Darío Balda Zambrano y Patricia Morejón Llanos, quienes no presentaron certificados que validen que no están suspendidos del ejercicio profesional, requisito establecido en el Código de la Función Judicial.

Finalmente, el expediente de Bolívar Augusto Espinoza Astudillo estaría incompleto, con documentos faltantes que impiden verificar el cumplimiento de requisitos.

La comisión cívica instó a revisar estos casos antes de que el proceso avance a la siguiente fase.

 

 

 

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