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Chiriboga: No existe contrato con la empresa Hackean Team

En los próximos días se dará a conocer más detalles de cómo opera la Senain y que se mostrará los resultados de la investigación.

GUAYAQUIL. “El secretario de Senain Rommy Vallejo me informó que no existe contrato con la empresa Hackean Team”. Con esta frase el Fiscal Galo Chiriboga garantizó que no se ha hecho intercepciones telefónicas a políticos desde la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

Pero según información publicada la semana pasada, Ecuador consta entre los supuestos compradores, a través la Senain. Según los documentos filtrados, el RCS fue adquirido en 2013. Ese año se habría pagado 460 000 euros (unos $ 600 000 con el cambio de 2013), y en 2014 se registra otro desembolso por cerca de $ 15 000 para mantenimiento; y están en agenda nuevos mantenimientos para 2015 y 2016.

Chiriboga fue claro y explicó que la interceptación de llamadas telefónicas se puede hacer para investigar delitos como el lavado de dinero o narcotráfico. Y aclaró que la Senain no puede actuar por su propia cuenta, a pesar que tiene la tecnología para intervenir teléfonos, pero que esta práctica no la puede autorizar el Ejecutivo, sino los jueces, y no se aplica para investigaciones de casos políticos, sino de delitos penales.

“Si la Senain actuara por su propia cuenta ya estaría preso el director de la Senain, él tiene que cada vez que opere el sistema, puede hacerlo exclusivamente con la autorización del fiscal o de los fiscales que tenemos (…) y por lo tanto hay unas claves electrónicas que no pueden funcionar si es que el fiscal no las autoriza y para que el fiscal opere ese sistema, tiene que tener la orden de un juez”.

El funcionario aseveró que esta disyuntiva fue discutida hace años atrás junto con el presidente Rafael Correa, y que fue éste último quien decidió que la Senain y su capacidad tecnológica, incluyendo la intervenir teléfonos, debe estar al servicio del sistema judicial, no de la función Ejecutiva.

Conjuntamente aseguró que, si bien han existió hackeos a cuentas de actores políticos de oposición, los responsables son personas particulares, pues según él, ningún organismo público tiene que ver con dichos hackeos, filtraciones o intercepciones de información.

Según el funcionario, el contrato que actualmente revisa la Contraloría General del Estado es con una empresa Israelí y para diferentes servicios. (DO/La Nación)