Las reuniones se realizaron en Ecuador y en Miami-Estados Unidos. En estas citas, los ecuatorianos Raúl de la Torre y Roberto Barrera acordaron con una empresa petrolera cómo les debían pagar los USD 3,1 millones por sobornos.

Estos detalles aparecen dentro de la investigación ejecutada por la División de Delitos Criminales del Departamento de Justicia de ese país. En sus documentos se detalla cómo los procesados exigieron dinero a una empresa, luego de que consiguieran que Petroecuador le adjudique contratos en el 2018 y el 2019.

El Departamento de Justicia sostiene que en este proceso, los aprehendidos “usaron los correos e instrumentos de comercio interestatal para promover corruptamente el pago a favor de la empresa”.

En cambio, el 14 de noviembre pasado, De la Torre aceptó que junto a Barrera sí exigieron el pago de sobornos.

El entendimiento también implicaba garantizar que el Estado pague a la firma los valores que ya les adeudaba.

Como compensación, la compañía contratada habría enviado dinero a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Estados Unidos rastreó esos datos y determinó que los ecuatorianos también recibieron artículos de lujo. Además, De la Torre y Barrera receptaron el dinero ilegal en efectivo. Todos estos hechos se concretaron en los Estados Unidos.

Hoy, ambos son investigados por el presunto delito de lavado de dinero, que en ese país es penado con hasta 20 años de cárcel y multas del doble del valor recibido ilegalmente.

Para el Departamento de Justicia, los acusados ejecutaron el soborno y conspiraron para realizar transacciones financieras, pese a que conocían que el dinero era ilegal.

Barrera aceptó que recibió en sus manos USD 150 000, mientras que De la Torre señaló que captó USD 32 508.

En la investigación de este caso se menciona a otros funcionarios de Petroecuador, que presuntamente estarían involucrados en el esquema de sobornos. De hecho, en las reuniones realizadas en Miami se dice que el dinero también se pagará a más empleados.

La indagación está a cargo del Departamento de Estado.

Fuente: El Comercio