QUITO. Solo el 47 % de los casos de abuso sexual se han judicializado, el otro porcentaje, alrededor del 50 %, se encuentra en indagación previa. Ese es uno de los principales problemas que tienen las víctimas para que sus casos se resuelvan, según Gustavo Jalkh, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura.

Por llamado de la Comisión Aampetra, el funcionario acudió a la Asamblea para que informe las acciones que ha adoptado esta institución en los casos de denuncias presentadas por abuso sexual en las escuelas y colegios. “El 73 % de las causas judicializadas, es decir, 1653 se han resuelto”, explicó. De ellas, dijo que el 23 % han sido declarados inocentes y más del 76 % están con sentencia condenatoria.

Sin embargo, este detalle no convenció a Amparo Molina, representante de las víctimas del caso Aampetra. “Ustedes están desconectados de la realidad”, manifestó. Y pidió que se desplieguen los datos caso por caso. Con eso estuvo de acuerdo Silvia Salgado, presidenta de la mesa ocasional, quien dijo que esos pormenores ayudarán a evidenciar el cumplimiento u omisión de la justicia.

“No hemos traído casos perfectos. Creo que hay mejoras, que si no las evidenciamos no vamos a tener las respuestas”, respodió Jalkh. “En el caso Aampetra, el tema no ha terminado y hay que continuar investigando para que los culpables sean juzgados”, indicó. Además, reconoció que también hay problemas en la etapa del cumplimiento de sentencias y acotó que se han desarrollado 50 sanciones a los operadores de justicia, que no han cumplido con su función.

En cuanto a los delitos sexuales en el ámbito educativo, expuso que en los últimos tres años se han presentado 714 denuncias, pero que no todas están judicializadas. Para que estos casos lleguen a esta instancias, además de proponer que se corten los tiempos en la indagación previa, sugirió que las denuncias no deben quedarse solo en el ámbito administrativo, sino que, simultáneamente, es decir, no sucesivamente, también debe presentarse en la Fiscalía.

Según Jalkh, parar la cobertura judicial penal, el Consejo cuenta con 122 jueces, 365 miembros de oficinas técnicas, 111 cámaras gesell, 31 tribunales penales, entre otros datos. De igual manera, señaló que se han implementado algunas herramientas de aplicación y seguimiento judicial y coordinación interinstitucional.

Su presentación no solo se basó en esas acciones, sino en algunas recomedaciones para que se mejore el sistema. Habló de superar algunas barreras como el miedo a denunciar, el interés mal entendido de algunos centros educativos que, por cuidar un buen nombre, se impide que los casos se acusen y aclaró que, en estas situaciones se puede caer, incluso, en una responsabilidad penal.

También mencionó reformas legales para mejorar los plazos en la etapa de investigación previa, para que en los delitos sexuales cometidos contra adolescentes no se aplique la figura de conciliación, a fin de que los casos no queden impunes; para que no solo los jueces, sino los fiscales puedan pedir medidas de protección y que sean inmediatas, y para que se defina con claridad qué institución debe hacer el seguimiento para el otorgamiento de medidas de reparación. (Asamblea/LA NACIÓN)