Opinión

CARTA PÚBLICA

ASAMBLEÍSTA DANIEL MENDOZA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ

Me refiero a su proyecto de resolución para que el Pleno de la Asamblea Nacional autorice a la Presidenta de la Función Legislativa a fin de que presente una Acción de Interpretación ante la Corte Constitucional al amparo de lo que dispone el artículo 154 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, “para que analice el alcance constitucional contenido en el mandato ciudadano expresado en las urnas el 4 de febrero de 2018, en el cual se dio paso a la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para que evalúe a las autoridades nombradas por el Consejo cesado en funciones”.

Al respecto manifiesto: que su iniciativa es impresentable, menos aún, si esta proviene de un Asambleísta, del que se entiende, conoce los contenidos de la teoría democrática.

1.- En primer lugar.- La voluntad del soberano (es decir del pueblo) expresado en las urnas es invulnerable, infranqueable e insuperable; no existe otro poder que se le anteponga, que no sea, el mismo pueblo el que modifique a través del mismo procedimiento el pronunciamiento popular.

2.- En segundo lugar.- Al pronunciarse el pueblo en referendo para reformar directamente la Constitución de la República, asumió un rol de legislador constitucional, por lo tanto, prescindió de la intervención de la Función Legislativa; en este sentido, su pronunciamiento es firme y sin dilaciones.

3.- En tercer lugar.- El soberano, a través del sufragio en las urnas reestructuro al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que estaba en funciones (al correísta) y conformó uno de Transición, al que le otorgó la “potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos”.

LA PREGUNTA 3 PLANTEADA AL SOBERANO. EL 4 DE FEBRERO DE 2018 FUE LA SIGUIENTE:

PREGUNTA 3. “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de los actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos?”.

En el referendo del 4 de febrero de 2018, votaron por el SI en la pregunta 3: 5.983.061 personas, es decir, el 63.08% del total de los votos válidos que están publicados en el Suplemento del Registro Oficial N. º 180, miércoles 14 de febrero de 2018.
¿De qué tiene miedo señor Asambleísta? ¿Para qué quiere coartar el pronunciamiento popular? ¿Usted quiere que la Corte Constitucional correísta (que seguramente será evaluada en los próximos días por el CPCyCST) analice el pronunciamiento del soberano y eché abajo los resultados del sufragio popular.

En conclusión, el pronunciamiento del pueblo no puede ser conculcado por ninguna autoridad o institución del Estado. En democracia, prevalece la supremacía del pueblo y el imperio de la norma, entre otros elementos que expone la teoría democrática.

El contenido de esta exposición también rige para los señores del Consejo de la Judicatura, quienes están obligados a acatar las disposiciones del CPCyCST, y que en el caso de desobedecer deben sancionados drásticamente por la ley.

HENRRY LLANES SUÁREZ
Ex Asambleísta.

Quito, D.M., domingo 29 de abril de 2018