Guillermo Arosemena Arosemena/ Guayaquil

 

 

 

ING. DANIEL NOBOA AZÍN, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
DR. LEONARDO ALARCÓN ARGUDO, FISCAL GENERAL DEL ESTADO
DRA. MERCEDES JOHANNA CAICEDO ALDAZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

AL PAÍS:

Guillermo Arosemena Arosemena, ecuatoriano, casado, padre de familia, de 81 años, graduado en Administración de Negocios por Georgetown University, en Washington, EE. UU., accionista del liquidado Banco de Descuento, nieto de su fundador y expresidente del Ecuador, don Carlos Julio Arosemena Tola.

Me dirijo a ustedes por este medio para poner en su conocimiento los graves hechos que ocurren en el sistema judicial ecuatoriano y que, de permitirse, podrían dar lugar a un caso Metástasis II. Estos hechos están ocurriendo mientras redacto esta carta.

El Banco de Descuento litigó con la Superintendencia de Compañías, dentro del juicio ordinario n.º 09307 2004.076, por el pago de su edificio matriz. El proceso concluyó con una sentencia que ordenó el pago. Mediante una mediación ante la Procuraduría General del Estado se acordó cancelar la suma de USD 29.844.877,87. El desembolso se efectuó mediante bonos del Estado, recibidos por el Dr. Ricardo Calderón Pasquel, cesionario de los derechos litigiosos de la entidad. Los bonos fueron negociados en Picaval Casa de Valores.

De esa liquidación, Gonzalo Icaza Martínez, exgerente general del banco, recibió el 50 % en nombre de los accionistas, con el objeto de pagarles a ellos y a los acreedores. Sin embargo, no les entregó esos valores, conducta denunciada como presunto abuso de confianza.

Su mandatario, el Ab. Francisco Boloña Morales, desconoce la causa del pago, pese a que este se origina en el juicio ordinario referido, fue ordenado mediante un mandamiento de ejecución y consta, además, en una escritura pública de «Transacción y Transferencia de Responsabilidad», autorizada por la notaria 23 de Guayaquil, y suscrita por el Dr. Pablo Calderón Pasquel a favor de los cónyuges Gonzalo Icaza Martínez y Lya Boloña de Icaza, representados por su procurador, Francisco Boloña Morales.

Lo más grave aún es que, al tratarse de fondos públicos pagados en virtud del juicio, quien se apropie de ellos sin pagar a los accionistas ni a los acreedores comete peculado, además del presunto delito de abuso de confianza denunciado.

Quienes denunciamos este ilícito somos exaccionistas del Banco de Descuento pertenecientes a más de 30 familias honestas, tradicionales, trabajadoras y sin tacha de Guayaquil. Entre los afectados hay viudas, adultos mayores y muchas personas enfermas, como es mi caso; a todos se nos ha despojado del dinero que nos corresponde como accionistas.Debo aclarar que son cientos los accionistas.

Durante la fase de investigación de los hechos se sustituyó al fiscal y se designó a una joven y diligente fiscal que, pese a que estaban pendientes la práctica de varias diligencias, la recepción de nuestras versiones como denunciantes, el envío de oficios y la incorporación de otras pruebas, ordenó «archivar la denuncia» por considerar que no existió abuso de confianza, sino un «simple pacto por cuenta de terceros». Esos terceros —es decir, nosotros, los exaccionistas— no recibimos un solo centavo del dinero público pagado mediante bonos del Estado.

Esa actuación, contraria a una norma expresa, podría constituir prevaricato, además de vulnerar el debido proceso y la seguridad jurídica y colocarnos en un estado de indefensión inconstitucional. No solo eso: desde círculos cercanos a los denunciados se advierte, con prepotencia e impunidad, que todo estaría listo para que el juez al que sea sorteada la causa ordene su archivo, porque ellos tienen más de 15 millones de razones para que ello ocurra y cuentan con los operadores adecuados.

Este procedimiento ilegal evidencia lo que denuncié en un artículo publicado en el periódico digital Desde mi Trinchera, titulado «La justicia ecuatoriana solo sirve para favorecer a quienes violan la ley: caso Banco de Descuento».

El señor fiscal general Alarcón, quien aspira a ser nominado como titular de dicho cargo, y la presidenta del Consejo de la Judicatura, Dra. Mercedes Caicedo, deben poner orden en la administración de justicia y separar a los malos servidores que vulneran la seguridad jurídica y el debido proceso, perjudican a las víctimas y benefician a los autores.

En este caso podría existir una concurrencia de ilícitos: el medio de pago fueron bonos del Estado —es decir, dinero público— y se ha sostenido la tesis de que no existe causa entre el pago de esos bonos y la orden judicial. Estas circunstancias podrían constituir peculado, lavado de activos y otros delitos.

Actualmente recibo tratamientos en SOLCA para prolongar mi vida cuatro años más, pues el mieloma múltiple se extendió a varios órganos. Pero hasta mi último aliento no cesaré de exigir justicia para los exaccionistas afectados por segunda vez por Gonzalo Icaza Martínez y, en esta ocasión, también por la actuación de su procurador y apoderado, Francisco Boloña Morales. Ambos se jactan de contar con operadores de justicia para archivar nuestras justas pretensiones

Sería importante que la UAFE siguiera la ruta del dinero recibido de PICAVAL y destinado al pago de los accionistas. El país se llevará sorpresas respecto de los pagos realizados.