Más de 100,000 personas han muerto desde inicios del 2007, cuando el ex presidente Felipe Calderón decidió lanzar al Ejército y policías federales a las calles para combatir al crimen organizado, provocando fracturas en los grandes cárteles y mayores enfrentamientos.

MÉXICO DF. Autoridades de México capturaron a un prófugo ex alcalde y a su esposa bajo sospecha de ser los autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes, un caso que ha sacudido al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y expuesto las fallas en su estrategia de seguridad.

Efectivos de la Policía Federal detuvieron al ex alcalde de la sureña ciudad de Iguala José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, en una casa humilde de Iztapalapa, una de las zonas más pobres de la Ciudad de México, detalló un portavoz de la fuerza.

Ambos habían desaparecido a fines de septiembre días después de que los estudiantes, pertenecientes a una escuela rural de magisterio, fueran secuestrados por policías municipales de Iguala y sicarios del crimen organizado por orden del alcalde, según investigaciones de la fiscalía federal.

Criminales detenidos en las semanas siguientes a la desaparición señalaron a la esposa de Abarca como la principal operadora del grupo criminal Guerreros Unidos, una escisión del otrora poderoso cártel de los Beltrán Leyva.

Abarca y su esposa están declarando ante la subprocuraduría de delincuencia organizada en la Ciudad de México. El ex alcalde también es sospechoso de haber asesinado a un activista en Iguala.

El Gobierno todavía está buscando a los estudiantes, que se teme pudieron haber sido masacrados, en la que se ha convertido en la peor crisis política de Peña Nieto en sus casi dos años de gestión.

La desaparición de los jóvenes también manchó al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), una de las dos mayores fuerzas opositoras del país que gobierna en Guerrero, donde se ubica Iguala. El gobernador Ángel Aguirre renunció hace dos semanas, presionado por la crisis.

El PRD pidió perdón por haber impulsado a Abarca hasta la alcaldía de Iguala, lo que dejó al desnudo el grado de infiltración que tienen entre las autoridades los cárteles del narcotráfico, que también se dedican a secuestros y extorsiones.

Abarca «es la pieza más significativa de la investigación para esclarecer e ir a profundidad en la búsqueda de los muchachos y aclarar los lamentables sucesos del 26 de septiembre en Iguala», dijo el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, a la radio W.

Las autoridades han anunciado la detención de más de 50 personas -entre policías y criminales de Guerreros Unidos- que confesaron haber secuestrado a los estudiantes y la fiscalía ha encontrado varias fosas con cuerpos, pero aún no se conoce el paradero de los jóvenes.

Aunque peritos de la fiscalía federal y enviados del reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense están tratando de identificar 38 cuerpos hallados en las afueras de Iguala, todavía no han dado a conocer si se trata de alguno de los estudiantes desaparecidos.

El caso ha conmocionado a la nación, que está azotada por el crimen organizado. Miles de personas han marchado en Guerrero, en otros estados del país y en Ciudad de México pidiendo que los estudiantes aparezcan con vida y que los responsables reciban castigo. (Reuters/La Nación)