Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

 

Cada proceso electoral debería comenzar respondiendo una pregunta fundamental: ¿los partidos políticos seleccionan a sus candidatos para servir a los ciudadanos o para fortalecer sus propios proyectos de poder?

La respuesta no siempre es evidente, pero suele reflejarse en las decisiones que adoptan las organizaciones políticas: dónde concentran sus mayores esfuerzos, a quiénes postulan, qué ciudades consideran prioritarias y, sobre todo, qué perfil privilegian al momento de escoger a quienes aspiran a gobernar.

En las próximas elecciones seccionales, Guayaquil vuelve a convertirse en el principal escenario de la disputa política nacional. No se trata únicamente de administrar la ciudad más importante del Ecuador desde el punto de vista económico; conquistar Guayaquil representa también una plataforma política de enorme valor para cualquier proyecto presidencial.

Esa realidad conduce inevitablemente a otra interrogante: ¿por qué concentrar el mayor capital político en Guayaquil mientras Quito, capital de la República y centro del poder político y administrativo, no parece recibir una apuesta de similar dimensión? ¿Responde esta diferencia a una estrategia cuidadosamente diseñada o a una valoración estrictamente electoral de dónde conviene invertir el mayor esfuerzo político?

Si la respuesta es la primera, entonces las candidaturas dejan de ser únicamente una propuesta para gobernar una ciudad y pasan a formar parte de una estrategia destinada a consolidar un proyecto nacional de poder.

Pero existe otra preocupación que merece igual atención.

Con demasiada frecuencia parece privilegiarse la juventud, la popularidad o la capacidad de proyectar una imagen renovadora por encima de la experiencia, la preparación, la solvencia ética y la capacidad demostrada para administrar instituciones complejas.

La juventud nunca debe ser un obstáculo para ejercer funciones públicas. Al contrario, constituye una fortaleza cuando está acompañada de conocimiento, liderazgo, criterio, independencia y vocación de servicio. Sin embargo, tampoco puede convertirse en el principal argumento para confiar la administración de ciudades cuyos problemas exigen experiencia, madurez y capacidad para tomar decisiones complejas.

Los ciudadanos no necesitan candidatos que simplemente inspiren esperanza; necesitan gobernantes capaces de convertir esa esperanza en resultados.

Y, sin embargo, la campaña parece avanzar sin responder las preguntas esenciales.

¿Cuáles son los planes de gobierno de los candidatos? ¿Qué proyectos ejecutarán? ¿Cómo financiarán sus propuestas? ¿Qué metas concretas asumen frente a los ciudadanos? ¿Cuáles serán los indicadores que permitirán evaluar su gestión?

Hasta ahora predominan los discursos, la propaganda, las descalificaciones y el marketing político, mientras las propuestas permanecen en un segundo plano.

La política no puede reducirse a una competencia de popularidad ni a una batalla por acumular espacios de poder. Las alcaldías, prefecturas y demás gobiernos autónomos descentralizados existen para resolver los problemas de la gente, no para convertirse en peldaños hacia futuras aspiraciones presidenciales ni en instrumentos para fortalecer hegemonías políticas.

Cada elección debería ser una oportunidad para escoger a los mejores, no a los más convenientes para las estrategias de un partido.

La idoneidad, la honestidad, la experiencia, la preparación académica, la capacidad de liderazgo y la sensibilidad social deberían pesar mucho más que la juventud, la imagen o la rentabilidad electoral de una candidatura.

Porque cuando las organizaciones políticas priorizan la conquista del poder antes que el bienestar de los ciudadanos, las ciudades dejan de ser el fin de la política para convertirse en simples piezas de un tablero electoral.

Y esa es, quizás, la mayor preocupación que debería acompañar a los ecuatorianos en estas elecciones.

No basta con preguntarnos quiénes serán los próximos alcaldes o prefectos. La verdadera pregunta es mucho más profunda: ¿estamos eligiendo a quienes gobernarán para servir a sus comunidades o a quienes forman parte de una estrategia destinada, principalmente, a conquistar y conservar el poder?

La respuesta determinará no solo el futuro de nuestras ciudades, sino también la calidad de nuestra democracia.

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