La Cámara Legislativa del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas no dio paso al pedido de licencia sin remuneración presentado por la prefecta Johana Núñez, quien solicitó ausentarse de sus funciones desde el 10 de septiembre hasta el 8 de noviembre de 2026.

La decisión se conoció durante la sesión extraordinaria desarrollada la mañana de este miércoles 9 de septiembre, que inició a las 11:00. En la reunión participaron el viceprefecto Alfonso Andrade y los consejeros Patricio Paredes y Paola Puco, mientras que Holger García, Amada Rivera y Ximena Toro intervinieron de manera virtual. La alcaldesa de La Concordia, Sandra Ocampo, no asistió a la sesión.

Sin apoyo la moción
La consejera Paola Puco planteó que se acepte el pedido de licencia presentado por la Prefecta; sin embargo, la moción no recibió el respaldo necesario para avanzar.

La consejera Ximena Toro cuestionó la procedencia de la solicitud y señaló que, de acuerdo con los artículos 534 y 535 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), no correspondería conceder una licencia bajo esta figura, debido a que, según explicó, no se habría justificado el motivo del pedido.

Toro también señaló que es de conocimiento público el proceso judicial que enfrenta actualmente la máxima autoridad provincial, situación que genera incertidumbre respecto a la administración de la Prefectura.

Sin una explicación jurídica
La sesión concluyó sin que el viceprefecto Alfonso Andrade ni el equipo jurídico de la institución ofrecieran una explicación sobre qué procedimiento corresponde seguir luego de que la licencia no fuera aprobada.

El consejero Patricio Paredes manifestó que el tema ya no está en sus manos y que corresponde al área jurídica analizar la situación y determinar qué procede.

Con esto, queda pendiente conocer cuál será el mecanismo que adoptará la Prefectura frente a la ausencia de la autoridad provincial y qué acciones administrativas se tomarán ante el escenario judicial que enfrenta.

Antecedente judicial
La prefecta Johana Núñez es investigada por la Fiscalía por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, por hechos que, según la investigación, habrían ocurrido entre 2018 y 2025.

Dentro de este proceso, la jueza Anticorrupción, Mabel Tapia Rosero, aceptó el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para la Prefecta, además de disponer a la Policía Nacional que proceda con su ubicación y detención.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial sobre la detención de Johana Núñez.

 

 

 

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