Diario El Tiempo de Colombia

Nominalmente, Brasil podría quedarse hoy sin presidente. Y decimos nominalmente porque, por cronograma, podría haber una sentencia en su contra, en uno de los procesos que se le siguen a Michel Temer. Pero aún hay muchas apelaciones por tramitar, que podrían tardar meses en su definición. Y el periodo presidencial termina en diciembre del 2018.

Sin embargo, el hecho de que nuestro vecino esté de nuevo bajo la posibilidad de un oscuro vacío institucional tras la destitución, hace un año, de Dilma Rousseff y la aparición de nuevas acusaciones contra Temer no deja de tender un manto de preocupación por el panorama de la democracia en la región. Más si se añade que la economía brasileña arrastra dos años de recesión, que algunas medidas han paliado en medio de un escenario que no da para el optimismo. En el primer trimestre, el país logró crecer un 1 por ciento, y aspira a un 3 por ciento en el 2018. Pero la Ocde ya advirtió que esa tímida recuperación puede estar en peligro por la incertidumbre política.

El que se está debatiendo desde el martes en el Tribunal Supremo Electoral es un proceso que trata sobre la posible invalidación de las presidenciales del 2014, en las que resultó elegida la izquierdista Rousseff con la fórmula vicepresidencial del centroderechista Temer. Los siete jueces definirán si esa campaña gozó de financiación ilegal procedente del fraude de la estatal Petrobras y si cometió abuso de poder.

Este juicio se enrareció aún más con las confesiones de Odebrecht en las que admitió que financió ilegalmente dicha campaña con la entrega de unos 45 millones de dólares. Según Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, ese dinero no fue declarado en su mayoría y correspondió a sobornos dentro de la trama de Petrobras y con los que la constructora obtenía contratos a cambio de apoyo financiero.

Los magistrados debatían si esas confesiones debían ser aceptadas como parte del acervo probatorio, así sean extemporáneas. Analistas independientes consideran que Temer, aunque muy debilitado por la fragilidad de sus apoyos en el Congreso, podría salir de esta.

Lo que se ve más complicado es que logre superar el proceso ante el Supremo por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Todo por las confesiones del directivo del grupo cárnico JBS Joesley Batista, quien aseguró que el gobernante fue sobornado desde el 2010 para maniobrar a favor de la empresa, y por una grabación en la que el presidente da su aparente aval al pago de coimas a un exdiputado, hoy encarcelado por el escándalo de Petrobras, para comprar su silencio. Se trata de Eduardo Cunha, expresidente de la cámara de Diputados y arquitecto del juicio de destitución de Rousseff.

Más allá de los resultados en las cortes y de su plausible independencia, es claro que a Brasil le urge un timonazo radical en sus costumbres electorales y en sus relaciones con la empresa privada. Las acusaciones contra Lula, Rousseff, Temer y un porcentaje enorme de sus líderes ameritan una reflexión profunda y una reacción de su sociedad civil en busca de la transparencia y de la renovación de su clase política corrupta. De lo contrario, no dejará de ser la ‘potencia que nunca fue’.

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