BRASILIA,  (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el miércoles dos decretos destinados a actualizar la reglamentación para el funcionamiento de plataformas digitales en el país y adaptar la normativa vigente a criterios establecidos de forma reciente por el Supremo Tribunal Federal (STF).
De acuerdo con el Gobierno, la iniciativa apunta a reforzar el combate a delitos en plataformas digitales, así como los ataques en internet contra mujeres y niñas.
Los decretos fueron firmados durante un acto en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo, en la ciudad de Brasilia, en conmemoración de los 100 días del Pacto Brasil entre los Tres Poderes para el Enfrentamiento del Feminicidio.
A partir de ahora, las grandes firmas tecnológicas podrán ser responsabilizadas de manera civil por contenidos criminales de terceros sin necesidad de una orden judicial previa.
El primer decreto exige a redes sociales prevenir la violencia digital contra las mujeres, para lo cual deberán habilitar canales de denuncia y eliminar fotos o videos íntimos no consentidos en un plazo máximo de dos horas.
Se prohíbe, además, el uso de inteligencia artificial para crear imágenes íntimas falsas o «deepfakes» (falsos vídeos) y se obliga a las empresas a guardar pruebas para las investigaciones.
El segundo decreto actualiza el Marco Civil de Internet de 2014 tras el reciente fallo del STF, en que las plataformas digitales responderán civilmente por estafas u otros delitos, en caso de mostrar fallas repetidas en el control de su publicidad.
Deberán, además, actuar de forma proactiva contra crímenes graves como terrorismo, explotación infantil y tráfico de personas, al registrar los datos de los anunciantes para rastrear posibles fraudes.
La nueva reglamentación incorpora las definiciones adoptadas por el STF en un juicio sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, ya que el Marco Civil de Internet establecía hasta ahora que las empresas solo podían ser responsabilizadas civilmente si mantenían contenido en línea después de recibir una orden judicial de remoción.
La decisión del STF redefinió el alcance de la responsabilidad de redes sociales, al abrir paso a nuevas exigencias de moderación y supervisión de contenidos digitales.

 

 

Xinhua